México: Congreso Social Nacional en noviembre, oportunidad para unir fuerzas contra las clases dominantes
Pedro Echeverría V.
1. Acabo de recibir, con mucha alegría, la convocatoria “Hacia un Congreso Social para un Nuevo Constituyente” que me obliga a participar los días 19, 20 y 21 de noviembre en la ciudad de México; fechas en que pensé que estallaría una nueva revolución social en el país, único festejo del centenario que valdría la pena vivir. Y aunque ilusamente sigo esperanzado en la cábala 1910/2010, la gran burguesía y el imperialismo me han demostrado una vez más, su enorme capacidad para dominar cualquier situación. La brutal represión de los gobiernos contra el movimiento social ha sido importante, pero nunca más que la gran capacidad de control y mediatización que la clase política ha usado en contra de partidos, líderes sociales y políticos “de oposición”. Nuestra izquierda y nuestras luchas son débiles; sin embargo ahí vamos desarrollándonos con otras luchas de América Latina y del mundo.
2. Sin embargo, aunque las ilusiones fortalecen las vidas, debo ubicarme en la realidad y pensar que la convocatoria al Congreso Social podrá llevar a una organización no autoritaria, (que por ningún motivo será más de lo mismo, es decir, como otros “congresos unitarios” celebrados en años recientes también con la participación de campesinos, atenquenses, electricistas, telefonistas, del IMSS, tranviarios, APPO y CNTE)absolutamente independiente de los empresarios, gobiernos y partidos; pero sobre todo un Congreso con coordinación horizontal unitaria, descentralizada, rotativa, que ponga en primer lugar la movilización y que elimine las reglamentaciones burocráticas. Experiencias de muchos años han demostrado en México que la unidad sólo puede construirse desde las bases y su participación en sus luchas, y que los dirigentes, si bien suelen ser necesarios, llevan a la división.
3. El golpe de Estado de Honduras, la instalación de bases militares y asesinatos en Colombia, la toma de las calles por el ejército en México, el retiro de tropas yanquis en Irak, las elecciones en Bolivia, Venezuela y Brasil, las fuertes protestas policiacas en Ecuador, las luchas del pueblo francés y español en las calles, la represión contra los radicales vascos y la muerte de Kirchner en Argentina, son acontecimientos que deben pensarse y analizarse para trazar una correcta perspectiva política en México. Ningún país puede marchar aislado del contexto económico y político internacional. Es un error grave rechazar o aceptar –por principios- sin análisis y debates, los procesos electorales, las batallas en las calles, las tomas de tierras y las luchas armadas; aunque sin duda sí es de fijos principios combatir cualquier alianza con gobiernos, empresarios, clase política e imperialismo.
4. El Congreso social (mejor de masas que de delegados “efectivos”) no deberá ser controlado por ninguna fuerza sectaria, mucho menos por un líder, porque eso de antemano comenzaría a provocar la competencia, la incomodidad y la escisión. El Congreso debe organizar la elaboración de ideas y de planes de acción a través de los análisis, discusiones, coordinaciones, propuestas, consensos y no de liderazgos o caudillismos preestablecidos. En vez de “preclaros dirigentes autoritarios” lo que se necesitan son ideas y más ideas que permitan sumar a trabajadores de todos los sectores a las luchas en las fábricas, campos, escuelas y calles. Ninguna batalla o lucha “espontánea” y de iniciativa propia de trabajadores y jóvenes radicalizados puede desautorizarse, cuando más bien debe apoyarse. Aquel grito de la socialdemocracia contra la “enfermedad infantil del izquierdismo” debe enterrarse por cobarde y senil.
5. En 1968, en el movimiento estudiantil, barrimos con los comités ejecutivos verticales y establecimos los comités de lucha horizontales, con voz y voto para todos, con representantes formales o informales por salón y grupos. Antepusimos la movilización a cualquier negociación que no buscábamos como limosneros, pero nunca permitimos que las autoridades negocien con uno, dos o tres traidorcitos; además esto estaba prohibido y no tenía validez alguna. Por el contrario, exigimos siempre la participación de todos los representantes de salón o de escuela ante cualquier autoridad de gobierno. Quien moviliza y detiene la movilización para negociar está muerto y puede ser un traidor. Los trabajadores imponen la movilización y quien busca acabarla, mediante la represión, el crimen o la negociación y la pide, es la autoridad. O de lo contrario, estaríamos jugando a la lucha para que esta nos rinda beneficios personales.
6. La organización del Congreso Social, que culminaría en el DF su primera etapa el 19, 20 y 21 de noviembre, será una gran batalla; se le está echando todas las ganas del mundo para que sea realmente trascendente, pero sólo será un paso muy importante. Las tareas siguientes que serán la aglutinación de masas, la consolidación de fuerzas a través de las luchas y la delineación más precisa de los objetivos estratégicos y tácticos de lucha, serán mucho más difíciles. Además tendrá que enfrentar debates como los procesos electorales que empiezan a dominar el panorama político nacional. Es claro que la nueva organización no responde a intereses electorales, pero aquí se presentará una prueba de fuego. Será muy importante la posición que presenten los zapatistas del EZLN ante el Congreso Social porque una tarea básica, fundamental, es buscar la unidad de la izquierda, los luchadores sociales y los trabajadores.
7. He estado en dos reuniones de promoción de esta coordinación del Congreso en la que participa la CNTE con no menos de 25 organismos. Me ha parecido muy importante porque cualquier paso que se de para la unidad de loa luchas sociales debe apoyarse. Con el Congreso Social se da un enorme paso que debe cuidarse para que no se convierta en más de lo mismo. De manera general, aunque los individuos suelen ponerle sello a la historia, no es un problema de voluntades, personas y dirigentes, sino de propuestas, luchas y coyunturas. El gobierno de Calderón parece caerse pero la clase política, el imperio y los empresarios parecen sostenerlo; la situación del país es cada vez más desastrosa, pero los trabajadores no cuentan con la conciencia para darse una dirección política en sus luchas. Los procesos electorales, por los miles de millones de pesos que se despilfarran, siguen dominando la escena nacional. ¿Qué hacer?
Campaña contra la Iniciativa Mérida
La Iniciativa Mérida respalda una estrategia que ha provocado un vastísimo derramamiento de sangre en México, y ha sido un fracaso en reducir los flujos de drogas ilícitas o lograr seguridad pública
Diversas organizaciones | Alainet
Organizaciones de derechos humanos, laborales y religiosos convocan a la Administración Obama y al Congreso de Estados Unidos a defender los derechos humanos, a suspender la ayuda militar, y a concentrar recursos en programas necesarios en Estados Unidos.
A pesar de casi 30,000 homicidios relacionados con el narcotráfico, un enorme incremento en violaciones de derechos humanos por las fuerzas armadas, y la creciente oposición ciudadana a la sangrienta “guerra contra las drogas”, el Congreso de los Estados Unidos está considerando nuevamente la asignación de fondos públicos estadounidenses a México para respaldar la fracasada política antinarcóticos. Pronto el Congreso de E.U. decidirá si continúa la política que ha llevado a México al borde del desastre y desperdiciado hasta la fecha casi $1,500 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses.
El presupuesto que propone el Presidente Barack Obama para el Ejercicio Fiscal 2011 incluye $410 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, un paquete de asistencia para la seguridad de México, Centroamérica y el Caribe. De ese total, $310 millones se destinan a México. La decisión del actual gobierno de E.U. de ampliar indefinidamente la Iniciativa Mérida de George W. Bush, prevista sólo para tres años, es un peligroso error a la luz de la violencia e ineficacia de la estrategia y ha provocado cada vez más llamados a un nuevo enfoque de parte de grupos ciudadanos a ambos lados de la frontera.
La ayuda de E.U. a México en el marco de la Iniciativa Mérida, que asciende a más de $1,300 millones de dólares, no incluye las salvaguardas necesarias para asegurar que no facilite violaciones sistemáticas de derechos humanos. Sólo el quince por ciento de los fondos puede ser retenido pendiente un informe del Departamento de Estado sobre los progresos de México en satisfacer algunas condiciones de derechos humanos. Lo que es más, la Iniciativa Mérida (también llamada “Plan México”) no contiene criterios que permitan una valoración efectiva de la misma.
La Iniciativa Mérida respalda una estrategia que ha provocado un vastísimo derramamiento de sangre en México, y ha sido un fracaso en sus objetivos de reducir los flujos de drogas ilícitas, lograr seguridad pública o debilitar a los cárteles de manera significativa. Con 45,000 soldados en las calles como el rasgo central de su estrategia de militarización, las fuerzas armadas han estado implicadas en asesinatos, violaciones y abusos de derechos humanos, casi ninguno de los cuales ha sido llevado a juicio.
Nos preocupa que el Departamento de Estado haya hecho caso omiso de los abusos contra derechos humanos surgidos del programa de asistencia Iniciativa Mérida, así como de la impunidad y corrupción ininterrumpidas en México, en favor de un enfoque militarizado de la “guerra antidrogas” que ha incrementado estos abusos de manera comprobable. Las llamadas “condiciones de derechos humanos” de la Iniciativa Mérida no ofrecen ninguna garantía de progreso en absoluto, y constituyen sólo una fingida consideración a graves preocupaciones mientras favorece el apoyo a la estrategia general. No existen indicios de ninguna reducción sostenida de la oferta disponible de drogas ilegales en el mercado estadounidense que justifique el elevado índice de violencia que esta estrategia ha provocado.
De manera particular, queremos llamar la atención al caso del asesinato del ciudadano estadounidense Bradley Roland Will como paradigma de la falta de cooperación y de la impunidad con la que las fuerzas de seguridad, el gobierno y el sistema judicial en México han tratado violaciones de derechos humanos por el Estado. Brad Will, periodista independiente, fue muerto a tiros en Oaxaca el 27 de octubre de 2006 mientras documentaba una serie de manifestaciones de protesta. Will fue una de 26 personas de las que se informa fueron asesinadas por fuerzas gubernamentales y matones alquilados durante las protestas en el estado de Oaxaca contra la corrupción y la impunidad. El estado no ha llevado a juicio con éxito ni uno solo de estos asesinatos. Desde que se lanzó la guerra antidrogas a finales de 2006, México se ha puesto a la cabeza en el mundo en asesinatos de periodistas.
La ayuda de la Iniciativa Mérida fue emitida en unión de un llamado por el del Departamento de Estado de E.U. a que se realizara una investigación minuciosa, creíble y transparente de la muerte de Will. La evidencia identifica a la policía y a funcionarios locales como asesinos en el caso Will. Sin embargo la Procuraduría General de la República encarceló equivocadamente a un manifestante por su homicidio. Después de que Amnistía Internacional, Médicos por Los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana y la familia Will controvirtieron las aserciones del Procurador General, el manifestante fue liberado por falta de pruebas y nadie ha sido llevado a juicio por su asesinato ni por el de otros 25 oaxaqueños muertos en 2006. El Departamento de Estado de E.U. guardó silencio ante las falsas acusaciones y desde entonces no ha hecho nada para asegurar que el o los asesinos verdaderos de Will sean llevados ante la justicia.
Existe documentación de los asesinatos, torturas, golpizas y violencia de género perpetrados por las fuerzas de seguridad, que incluyen los casos de Atenco, Ciudad Juárez y represión de sindicatos. El suministro por Estados Unidos de asistencia y capacitación letales a estas mismas fuerzas de seguridad viola nuestros principios como nación, empaña nuestro prestigio, e implican al gobierno estadounidense en abusos contra derechos humanos graves y extendidos. Seguramente la administración Obama es consciente del hecho de que la pretendida finalidad de la Iniciativa Mérida de ayudar a establecer buen gobierno en México no puede alcanzarse en un clima de impunidad ante violaciones de derechos humanos y una guerra antidrogas desestabilizadora.
El gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de asegurar que los recursos públicos no se utilicen para violar derechos humanos. En lugar de proveer capacitación y fondos a las instituciones militares, policiales y civiles que han permitido y facilitado la impunidad en el caso Brad Will y otros casos de abusos contra mexicanos, el gobierno de E.U. debiera concentrar su atención en atacar las causas y las estructuras del crimen organizado dentro de Estados Unidos: la drogadicción y la demanda de drogas ilícitas, el lavado de dinero a través de instituciones internacionales financieras, la corrupción transfronteriza y el tráfico de armas; y ayudar a México en la eliminación de las causas fundamentales de la expansión de la delincuencia tales como la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la falta de oportunidades para los jóvenes.
RECOMENDACIONES:
· De inmediato, revisar y reorientar la fracasada estrategia de la “guerra antidrogas” para México.
· Suspender la asistencia militar y de seguridad mientras no se revisen públicamente y de manera urgente las estrategias actuales y alternas, y mientras no se resuelva el caso Brad Will y otros casos de derechos humanos.
· Establecer objetivos claros y etapas bien definidas para que pueda medirse el éxito (o fracaso) de los programas antinarcóticos financiados por los contribuyentes de Estados Unidos.
· Dar prioridad al financiamiento de estrategias alternativas contra el tráfico de drogas ilícitas y el crimen organizado trasnacional, incluyendo tratamiento contra adicciones, reducción de daños y programas comunitarios de prevención del abuso de drogas, así como la legalización selectiva a fin de reducir el enriquecimiento ilícito de las cárteles de la droga, los bancos y los políticos corruptos.
· Intensificar los operativos contra crímenes financieros con el fin de identificar y llevar a juicio a quienes desde los negocios y las estructuras financieras facilitan el manejo y lavado de dinero a la industria del narcotráfico.
· Denunciar públicamente la continua impunidad ante acusaciones de asesinatos, torturas, estupros y golpizas en los casos de Oaxaca, Atenco, Ciudad Juárez, entre otros, así como las muertes de civiles a manos de las fuerzas armadas así como el uso del ejército para reprimir violentamente los derechos laborales.
CIP Americas Program
Global Exchange
Friends of Brad Will
School of the Americas Watch
Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"
Witness for Peace
Kathy and Hardy Will
General José Francisco Gallardo, “Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo,” por la Dignidad Ciudadana y del Soldado A.C.
Tom Hayden and The Peace and Justice Resource Center
Reporters Without Borders (RSF)
Guatemala Human Rights Commission
Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México
San Lázaro, la desvergüenza política
FOTO: Miguel Dimayuga
Una de las muchas sesiones en San Lázaro
Jesusa CervantesUna de las muchas sesiones en San Lázaro
MÉXICO, DF, 29 de octubre (apro).- Cada vez que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, comparece ante los legisladores federales, más de uno lo acusa de “cínico”, pero lo ocurrido la noche del jueves pasado en la Cámara de Diputados no puede ser más que un gran monumento a la desfachatez, en donde los diputados, quienes hacen las leyes del país, recurrieron a una “chicanada” jurídica para violar la ley.
Tan cínicos han sido varios de lo secretarios de Estado del actual gobierno panista cuando comparecen ante senadores y diputados, como los propios legisladores que ayer, al no llegar a un acuerdo para “agandallarse” espacios en el Instituto Federal Electoral (IFE), como ha ocurrido desde 2003, decidieron no respetar la ley.
De los doce meses del año, la Cámara de Diputados sesiona solamente seis, tiempo más que suficiente para buscar consensos entre los diferentes grupos parlamentarios. Sin embargo, ante la falta de conciencia política de muchos de los legisladores, su desinterés por lo que el país requiere y el centrarse en sus propios beneficios o los de su partido durante los procesos electorales, todo lo dejan para el último momento.
Esto ocurrió, como en dos ocasiones anteriores (2003 y 2007), sólo que ahora con otros agregados: cinismo, irresponsabilidad y desvergüenza política.
De acuerdo con la ley, tres de los nueve consejeros del IFE deben dejar el cargo a la medianoche del 30 de octubre, por lo tanto, y es de lógica elemental, quienes los han de sustituir deben ser designados cuando menos un minuto antes.
Pero como la ley no lo dice expresamente, los diputados federales decidieron recurrir a una “chicanada leguleya” y considerar que lo que no está prohibido esté permitido. Es decir, si no está prohibido rebasar el día 30 de octubre para nombrar a los tres nuevos consejeros, pues está permitido elegirlos cualquier día del año, cuando a los diputados se les antoje, cuando “lleguen a un acuerdo”, a “un consenso”.
Incluso, justifican su actuación invocando “la responsabilidad” para “el diálogo” y la “construcción de acuerdos”.
Nada más grotesco que argumentar que como la ley sólo dice que el 30 de octubre deben dejar el cargo los consejeros a relevar, los diputados no están obligados a elegir a quienes habrán de sustituirlos. Lo absurdo proviene de que, en derecho, ante este tipo de circunstancias que el legislador no previó cuando realizó los cambios a la ley, debe hacerse una interpretación acontrario censu, es decir, al dejar el cargo --por ley-- un integrante de un órgano colegiado, se debe prever el nombramiento de quien lo habrá de sustituir por lo menos unos minutos antes.
El Poder Legislativo está obligado a mantener la conformación de un órgano colegiado con todos sus integrantes, no sólo con dos terceras partes.
Uno de los legisladores, el vicecoordinador panista Carlos Pérez Cuevas, dijo que no había problema en que el IFE se quedara con seis y no los nueve consejeros que lo integran, primero “porque son días de asueto, no trabajará el instituto”; y no sólo eso, justificó el actuar de los diputados que aprobaron la suspensión de la elección de los funcionarios electorales al exponer que si hubiera necesidad de reunirse, el IFE cuenta en este momento con seis integrantes, suficientes para hacer quórum.
No se trata de tomar decisiones de última hora ni de establecer que se está de vacaciones, que el IFE no va a trabajar, o decir, “qué importa, si hay quórum”. Lo destacable aquí es la falta de cumplimiento del marco legal de quienes hacen las leyes en el país, las salidas fáciles, la distribución de cuotas, la utilización del IFE como si fuera propiedad de los partidos políticos y no de una institución que tuvo como preámbulo marchas, muertes, abusos y robos de elecciones. Es, en síntesis, una bofetada a uno de los órganos clave para avanzar hacia una democracia efectiva, no sólo formal.
El cinismo con que actuaron los diputados no es menor que el que exhibieron los secretarios de Estado en sus comparecencias ante los legisladores. En suma, cayeron en lo mismo que tanto le han criticado al gobierno en turno.
Esa falta de respeto a sí mismo aumenta más cuando los partidos políticos dicen ante la ciudadanía que ya no quieren caer en los mismos errores de las dos últimas elecciones, el reparto de cuotas, y que ha dado como consecuencia la falta de credibilidad del IFE, e incluso su burla.
En esto momento, según encuestas diversas que se han publicado, la percepción de la gente es que el IFE dejó de ser “autónomo”. La actuación de los diputados del pasado jueves lleva a suponer que esto continuará.
Así, los diputados no sólo violentaron sus propias leyes, sino que además evidenciaron las luchas internas que tienen en sus partidos; por ejemplo, el PRI que pretendió nombrar a dos de los tres consejeros, uno de ellos respondería a los deseos del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y el otro a los del senador sonorense Manlio Fabio Beltrones, ambos posibles aspirantes a la candidatura priista a la Presidencia.
Pero al interior del PRI surgió un tercer bloque, el que dijo no a ese reparto sin que se les incluya a ellos. Se trata de quienes tienen simpatías con el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera. Esos diputados de Veracruz, Oaxaca y Puebla también actuaron por intereses partidarios y no por un afán de “democratizar” al IFE. Incluso amenazaron con votar en contra si se les dejaba fuera.
Por esto también es que se suspendió la elección: por desacuerdos al interior del PRI, por desacuerdos entre uno y otro partido.
Meses tuvieron los diputados para ir preparando la elección, meses para hacer un proceso limpio que no creará suspicacias entre la población o, ya de perdida, entre la clase política, pero las prioridades electorales hicieron de los legisladores actuar sin ética, hicieron que mostraran su incapacidad política.
Bien pudieran decir que convocarían a sesión extraordinaria para tratar de llegar a un acuerdo, lograr consensos al interior de sus partidos y luego hacia fuera, y consumarla elección el 30 de octubre. Pero en lugar de eso prefirieron, además de todo, irse de “puente” y elegirlos cuatro días después. La falta de tacto político, de todos por aceptar este retraso, lo único que logró fue minar aún más la credibilidad el IFE.
Y el tema no es si los 17 que acordó la Comisión de Gobernación son buenos o malos para ocupar este cargo, no, el asunto es la evidencia con que actuaron quienes elegirán a los próximos tres nuevos consejeros que saldrán de esa lista. Bastante trabajo tendrán a quienes elijan para remontar el estigma con el que llegarán a un ya de por sí desvencijado instituto. Y en esto, todos los partidos que votaron a favor y los que se abstuvieron tienen ya responsabilidad.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
La economía del cuidado y los flujos migratorios
En los países de destino las migrantes realizan estas tareas en condiciones precarias
Sigue vigente el supuesto de que hay una mujer en el hogar para gestionar el cuidado
Buenos Aires, 29 oct. 10. Artemisa/AmecoPress.- El cuidado de las personas recayó históricamente en las mujeres y sigue siendo así aunque hoy muchas estén insertas en el mercado laboral. Ante la ausencia del Estado en la provisión de servicios, las mujeres seguimos delegando en congéneres tareas esenciales para la reproducción de la sociedad. Especialistas de todo el continente que acaban de participar en el Seminario Políticas de Cuidado, Género y Bienestar que se realizó en Buenos Aires, advierten que la organización social del cuidado está en crisis.Un grupo de especialistas se reunió en Argentina para compartir datos en el marco del proyecto ‘La Economía Política y Social del Cuidado’, que vienen desarrollando UNFPA , UNICEF y el IDES Participaron en el Seminario Políticas de cuidado, género y bienestar, el 14 y 15 de octubre, que incluyó seis espacios de debates. La mesa Cadenas de cuidados convocó a Fernanda Wanderley de Bolivia, Line Bareiro de Paraguay y Rosalba Todaro de Chile, que informaron sobre el funcionamiento de las cadenas de cuidados en corredores migratorios de América Latina y el Caribe.
Fernanda Wanderley, investigadora de INSTRAW dijo que ’la organización social del cuidado está en crisis. Los Estados participan secundariamente de la provisión de bienes y servicio esenciales (educación, salud, jubilación, cuidados). En tanto sigue vigente el supuesto de que hay una mujer en el hogar para gestionar el cuidado. El sistema educativo tiene dos turnos de enseñanza porque supone que hay una persona disponible para hacerse cargo del niño durante el periodo en que no asiste a la institución escolar. Pero esto no se cumple porque la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo’.
El tema de la insuficiencia de la provisión de cuidados por parte del Estado es común a los países de origen y destino, según la experta boliviana, y en ambos casos quienes tienen recursos compran estos servicios, y quienes carecen de ellos, lo resuelven a través de sus familias. ’En países como Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay y Costa Rica, las mujeres que acceden al mercado de trabajo en condiciones desventajosas y no tienen suficientes recursos para resolver la gestión de cuidados del hogar, delegan estas tareas principalmente a sus madres, pero también a sus hijos, que deben velar por sí mismos. Cuando quedan a cargo de una varón adulto, aparecen los problemas de abusos’, describió Wanderley.
Una de las causas de la feminización de los flujos migratorios tiene que ver justamente con la necesidad de obtener mayores recursos para resolver la provisión y gestión de cuidados en los hogares de origen. Mientras, en países receptores como España, Chile, Argentina y Nicaragua, la conciliación del trabajo remunerado y no remunerado se resuelve a través del servicio doméstico que proporcionan las migrantes.
La investigadora boliviana alertó que esta mercantilización de la organización social del cuidado impacta negativamente en la valoración del cuidado como trabajo, y también en la igualdad de oportunidades: ’En los países de origen las mujeres que asumen la tarea de cuidar a un familiar, muchas veces reciben una remuneración mínima. En los países de destino estas tareas las realizan migrantes también en condiciones precarias. Estas situaciones invisibilizan las tareas de cuidado, así como las desigualdades de género, clase social, étnicas, culturales, intrapaíses y entre países’.
Wanderley confesó que ’es limitada la viabilidad de las políticas trasnacionales para enfrentar estos problemas, debido a las enromes diferencias entre los países. Creemos que todavía la pelea está en el ámbito nacional y los desafíos son muy grandes, ya que los Estados no incluyen la provisión de cuidados como un derecho social que deben garantizar’.
Paraguay y Argentina
La experta del Comité de la CEDAW Line Bareiro, describió la dinámica del cuidado en el corredor migratorio Paraguay y Argentina. ’La migración de mujeres paraguayas con hijos e hijas hacia la Argentina, implica necesariamente un acuerdo entre ellas y sus madres, quienes toman la responsabilidad de criar a sus nietos y nietas’.
’En Paraguay, la provisión de cuidados es una cuestión familiar, tiene una fuerte raigambre cultural, sobre todo el cuidado de los nietos por parte de las abuelas maternas. Pero ellas se encuentran sobrecargadas de tareas, puesto que también deben cuidar a las personas ancianas y los enfermos’, dijo Bareiro, que confesó que el relato de esas mujeres la impresionó, ya que son mayores y también requieren de cuidados. ’Estas mujeres presionan para que sus hijas retornen y las liberen de criar a los nietos’, detalló.
Comparado con otros flujos, por ejemplo Paraguay y España, donde la distancia es importante y la inmigración irregular predomina, la migración entre Paraguay y Argentina tiene carácter pendular: las migrantes van y vienen. En ese sentido la experta de la CEDAW precisó que ’las migrantes retornan principalmente para solucionar conflictos con las personas que cuidaban al momento de migrar’.
Las paraguayas migran para lograr mejores oportunidades laborales y proveer a sus familias, pero también porque quieren autonomía. La mayoría se instala en Buenos Aires y participa en el servicio doméstico remunerado. Muchas se embarazan. Algunas llevan al recién nacido a Paraguay y lo dejan al cuidado de la abuela materna, pero la mayoría decide criarlo, sin descuidar por ello la provisión para el hijo, hija que quedó en el hogar de origen. ’Ellas tienen fuertes expectativas en torno a la reunificación de la familia’, afirmó Bareiro.
Los varones paraguayos delegan la crianza de niños y niñas en otras mujeres, aunque ejercen igualmente una supervisión de dicha crianza. Si hay hijos varones, éstos colaboran con la crianza de las y los sobrinos hasta que se emparejan. En cambio las hijas mujeres deben ayudar inclusive después de casadas.
En Paraguay existen preceptos constitucionales y leyes progresistas en torno a las familias, según Bareiro, pero no se cumplen. ’Desde 1997 se aprobaron planes para la igualdad de oportunidades, que incluyen por ejemplo la redistribución de las tareas de cuidados entre varones y mujeres, pero falta avanzar en su instrumentación’, cerró la investigadora.
Perú y Chile
Rosalba Todaro, del Centro de Estudios de la Mujer se centró en las desigualdades que caracterizan al vínculo entre la organización social del cuidado y el corredor migratorio desde Perú hacia Chile. ’En ambos países el cuidado recae sobre las familias y está naturalizado que las mujeres sean las cuidadoras. Si no equilibramos la distribución de las tareas de cuidado entre los géneros, siempre existirá el traspaso de estas obligaciones de unas mujeres a otras’, aseguró.
En Chile los servicios esenciales son deficitarios y las migrantes peruanas están ocupando ese vacío. ’Cuando las peruanas llegan a Chile, necesitan un trabajo con urgencia y una vivienda. Al mismo tiempo, estas migrantes son valoradas por las familias chilenas porque hablan bien y cocinan bien. Muchas eran maestras al momento de migrar o trabajaban en el sistema de educación inicial. Un 70 por ciento de estas migrantes trabaja en casas particulares’, dijo la investigadora.
No obstante hay xenofobia. Todaro precisó que la discriminación contra estas migrantes tiene vinculación con las regulaciones migratorias. ’De acuerdo a la normativa migratoria, ellas deben trabajar al menos dos años con el mismo empleador para obtener la residencia definitiva y esta condición las vulnerabiliza, terminan aguantando cosas que las mujeres originarias no aguantarían’, denunció.
Foto: Artemisa Noticias
Educación: Un derecho, no un servicio comerciable
| Escrito por Julia Vicuña Yacarine | |
 Moriana Hernández, coordinadora de la Campaña Regional por una Educación No Sexista y Anti Discriminatoria. Lima, octubre (Especial de SEMlac).- "Una tendencia mundial es pensar la educación como un servicio comercializable y no como un derecho, y hasta la Organización Mundial del Comercio estaría elaborando disposiciones sobre educación en los tratados de libre comercio", alertó Moriana Hernández, coordinadora de la Campaña Regional por una Educación No Sexista y Anti Discriminatoria. Hernández, también integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) Uruguay, dijo a SEMlac que esta concepción de mercantilización de un derecho humano es muy grave porque la lógica del negocio tiene una matriz ideológica neoliberal que busca la ampliación del capital, más no la mejora de la educación. "No es negocio abrir una escuela multilingüe o una escuela en medio de la sierra, sin duda es una necesidad y un derecho de nuestros pueblos que nuestros gobiernos tienen que cumplir, entre otras cosas, porque para eso pagamos impuestos", señaló Hernández. La Campaña Regional por una Educación No Sexista y Anti Discriminatoria es impulsada por una alianza muy grande de organizaciones feministas, otras dedicadas a los derechos humanos y la educación en general, y pretende que la educación juegue un papel importante en el combate contra una cultura discriminatoria en la región. "En los países de la región, la campaña responde a las necesidades y problemas de cada uno; sin embargo, hay líneas comunes en América Latina, como la defensa de la laicidad de la educación; la necesidad de contar con más recursos, porque sin presupuesto para la educación no hay posibilidad de tener calidad; y; mejor remuneración para maestras y maestros", afirmó la coordinadora de la campaña. Explicó que el derecho a la educación está contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lamentablemente aún no cuenta con un protocolo facultativo que permita el reclamo y denuncia de las violaciones de esos derechos. "El pacto necesita un protocolo facultativo, por eso uno de los ejes de la campaña es impulsar su aprobación en América Latina. Sabemos que es una lucha larga que trasciende nuestra campaña regional sobre equidad de género en la educación, pero también es parte de esta". Las alianzas A la campaña lanzada por CLADEM, la Red de Educación Popular de Mujeres de América Latina, la Internacional de Educación para Adultos y la Red de Diversidad Sexual, se fueron sumando organizaciones feministas, las de Diversidad Sexual, las Redes de las Mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe y la Red de las mujeres indígenas. "Creo que la educación es un territorio de preocupación común de los movimientos de derechos humanos, tal vez con acentos distintos, pero es un territorio común", dijo la coordinadora de la Campaña Regional por una Educación No Sexista y Anti Discriminatoria. "Estamos muy entusiasmadas porque también se integró la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, y nos alegra profundamente que el próximo año, en el marco de la Campaña Mundial por la Educación en América Latina el tema central será la educación no sexista para las mujeres. Aspiramos a que esto suceda en otras partes del planeta, porque las latinoamericanas soñamos grande". Moriana Hernández, junto con representantes de redes feministas y de derechos humanos de América Latina, África y Asia, evaluaron el cumplimiento de los Objetivos del Milenio fijados en Educación en el seminario internacional "Educación más allá de las metas", realizado en Lima del 14 al 16 de octubre.
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Buscan mecanismos de protección para defensores de DH
Ante la falta de respuesta del Estado mexicano
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 29 oct 10 (CIMAC).- Organizaciones civiles mexicanas plantearon ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la necesidad de crear un mecanismo que proteja a las y los defensores de derechos humanos en el país, debido a la falta de respuestas por parte del Estado mexicano.Asociaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, señalaron en la audiencia que se llevó a cabo el pasado 28 de octubre, que las autoridades del país no investigan los ataques contra las y los defensores y tampoco otorgan las medidas cautelares necesarias.
Durante su intervención en el 140 periodo de sesiones de la CIDH, las organizaciones expusieron la problemática de violación a derechos de las y los defensores, que se caracteriza porque 98 por ciento de las 128 agresiones cometidas en contra de las y los defensores de Derechos Humanos (DH), de 2006 a 2009, han quedado impunes. La representación de organizaciones como el Centro Nacional de Comunicación Social y el Comité Cerezo México, denunciaron que en el país, las y los defensores enfrentan actos de hostigamiento, amenazas, procesos penales infundados, ataques físicos y asesinatos.
Los riesgos se agravan cuando las y los defensores se dedican a reivindicar derechos como los sexuales y reproductivos, el derecho a la diversidad sexual, la defensa del medio ambiente y los derechos de las personas migrantes. Debido a estas agresiones, incluidas las registradas en contra de los periodistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares en 84 casos, la mayoría no fueron aceptadas por el Estado mexicano y las que fueron aceptadas no se cumplieron, sostienen las autoridades.
La falta de atención y respuesta por parte de las autoridades mexicanas a las denuncias realizadas por las y los defensores víctimas de amenazas y agresiones, así como la falta de implementación y seguimiento de medidas de protección planteadas por organismos internacionales, obliga a las y los activistas a insistir en la creación de un mecanismo de protección. Esta petición después de ser ignorada reiteradamente por las autoridades mexicanas, fue planteada al Sistema Interamericano.
En la CIDH, las organizaciones como Red Todos los Derechos para Todos y Todas, señalaron que el mecanismo de protección para las y los defensores debe contar con un marco normativo claro que cubra la prevención, de la protección y de la investigación de los ataques. Para que sea efectivo, debe ser subsidiario y complementario a la obligación del Estado de protección de la vida, la seguridad, la libertad e integridad de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. También debe tener capacidad y competencia para actuar en todas las entidades federativas y en el Distrito Federal, ante amenazas provenientes de actores estatales y no estatales. Además, debe contar con recursos presupuestales, materiales y humanos para el eficaz cumplimiento de su objetivo.
De igual modo, señalaron durante la 140 sesión de la CIDH, debe incluir la capacitación de los funcionarios que integren el mecanismo, acerca de los patrones de agresiones comúnmente cometidas contra las personas defensoras y cómo medir y evaluar una situación de riesgo. Por último, las organizaciones señalan que el mecanismo debe tener capacidad para tomar decisiones vinculantes y reaccionar rápidamente ante situaciones de riesgo o amenaza.
En 48 horas México deberá responder a la CIDH Piden informe sobre medidas concretas para defensoras de DH
En 48 horas México deberá responder a la CIDH
Por la Redacción
México, DF. 29 oct. 10 (CIMAC).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó al Estado mexicano para que en 48 horas informe de manera concreta la medidas de protección, otorgadas a las defensoras de Derechos Humanos (DH) de Tijuana, Silvia Vázquez Camacho, y Blanca Mesina Nevarez, a fin de que se implementen de inmediato y ellas puedan regresar a la entidad a realizar sus actividades cotidianas.
México, DF. 29 oct. 10 (CIMAC).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó al Estado mexicano para que en 48 horas informe de manera concreta la medidas de protección, otorgadas a las defensoras de Derechos Humanos (DH) de Tijuana, Silvia Vázquez Camacho, y Blanca Mesina Nevarez, a fin de que se implementen de inmediato y ellas puedan regresar a la entidad a realizar sus actividades cotidianas.
En mayo de este año, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), solicitó a la CIDH otorgar medidas cautelares en favor de las defensoras, mismas que la Comisión concedió, y el gobierno de Baja California no implementó, por lo que Silvia Camacho y Blanca Mesina abandonaron su lugar de residencia.
Ambas defensoras fueron hostigadas y amenazadas de muerte por el trabajo que realizan en Tijuana a favor de policías, que sufren detenciones arbitrarias y tortura por parte del Ejército mexicano. (Cimacnoticias 17 junio 2010).
Silvia Camacho es colaboradora de la CCDH y la CMDPDH desde finales de 2009. Recibió constantes amenazas de muerte vía telefónica, un coctel molotov fue lanzado a la casa de sus padres, y en diversas ocasiones fue hostigada por patrullas municipales y autos particulares.
Blanca Mesina es hija de Miguel Ángel Mesina López, policía municipal perteneciente a un grupo de 25 agentes de Tijuana, quienes fueron detenidos y torturados en el 28 Batallón Militar denominado “Aguaje de la Tuna”.
Luego de denunciar este hecho, Blanca Mesina, durante los meses de marzo y mayo de 2009, recibió amenazas con arma de fuego en las calles de la ciudad de Tijuana, hostigamiento telefónico y seguimientos por patrullas municipales y autos particulares mientras conducía.
La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) y la CMDPDH, se reunieron ayer en Washington con representantes del Estado mexicano para dar seguimiento a las medidas cautelares otorgadas a las defensoras, informaron hoy en un comunicado.
El director de la CMDPDH, Juan Carlos Gutiérrez, dijo a los representantes de la Secretaría de Gobernación (SG), de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que para garantizar la protección de las defensoras, la PGR y la Procuraduría General de Justicia de Baja California, deben realizar las averiguaciones sobre las amenazas y hostigamiento que recibieron.
Durante el 140 periodo de audiencias de la CIDH, la defensora Silvia Camacho sostuvo que es necesario notificar al Ejecutivo de Baja California, la determinación de la CIDH de otorgar un plazo para que informe sobre el seguimiento de las medidas de protección, debido al constante incumplimiento de los acuerdos tomados en distintas reuniones de trabajo.
En agosto pasado, el Senado de la República aprobó un dictamen con punto de acuerdo en el que pidió a Felipe Calderón Hinojosa, implementar medidas cautelares a favor de las defensoras de Blanca Mesina y Silvia Camacho, así como realizar una investigación exhaustiva sobre las amenazas y acciones intimidatorias en su contra. (Cimacnoticias 20 de agosto de 2010)
El 2 de marzo de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), otorgó medidas cautelares a las defensoras, mismas que no se respetaron pues las amenazas y hostigamientos continuaban y aumentan su intensidad.
Desde 2009, la CCDH y la CMDPDH han documentado 42 casos de violaciones de DH en contra de civiles y agentes municipales de Tijuana. Estos casos fueron presentados ante la Comisión en la audiencia “Seguridad Pública y Derechos Humanos en Tijuana, Baja California”, el 5 de noviembre del año pasado, apuntó el comunicado.
Debido a las denuncias de la CCDH y la CMDPDH, tanto familiares de las víctimas, como integrantes de estas organizaciones, han recibido amenazas y hostigamientos, mismos que han recaído principalmente en la abogada Silvia Camacho y Blanca Mesina.
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Hilda Venegas Negrete
Abogada Penalista
Perito Criminalista.
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