sábado, 11 de diciembre de 2010

Colaboración de MTS


Ante la cínica declaración que hizo esta semana el ex presidente Vicente Fox, de que cargó los dados para favorecer a Felipe Calderón en las elecciones de 2006, Andrés Manuel López Obrador recordó que en la democracia se garantiza que el voto sea libre y limpio, y no que desde el poder se imponga a un personaje apoyado por un grupo de empresarios, banqueros y traficantes de influencias. Reiteró que el fraude electoral, en el que intervinieron Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, Roberto Hernández, Elba Esther Gordillo, Claudio X. González y demás integrantes de la mafia de la política, del poder y del dinero, significó destinar mucho dinero del presupuesto público, dinero del pueblo, para compensar a quienes participaron en el fraude. López Obrador aclaró que la debacle nacional no estaría pasando si la oligarquía no se hubiese robado las elecciones hace cuatro años, en los que se han perdido más de 30 mil vidas humanas y se han incrementado la pobreza y el sufrimiento del pueblo por anteponer los intereses de una minoría rapaz al interés general. Sin embrago, dijo que seguirá trabajando para lograr la transformación del país y rechazó que sea difícil quitarles el poder a los potentados si la gente se organiza y participa. No hay que olvidar, dijo, quelos caciques duran hasta que el pueblo quiere, por eso el Movimiento por la Transformación del País le apuesta al despertar ciudadano que nos lleve a una insurgencia cívica y pacífica para lograr el renacimiento de México.

Ante los coordinadores de los comités municipales y distritales que visitó esta semana, López Obradormencionó que es necesario tomar 10 decisiones fundamentales y fuertes para enderezar el rumbo del país, aunque no le parezcan al grupo  que ostenta el poder. Una de ellas es que no se venda el petróleo crudo al extranjero y que se construyan refinerías para procesarlo aquí, y acabar con el negocio de unos cuantosque se encargan de importar 300 mil barriles diarios de gasolinas, lo que significa un gasto de 12 mil millones de dólares al año. Aclaró que por eso hay que cambiar la política petrolera y parar los contratos incentivados que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permitirán a empresas extranjeras explotar el petróleo y quedarse con una parte de la producción. Otra decisión, puntualizó, está relacionada con el ahorro de 10 por ciento del presupuesto nacional para que con ese recurso se impulse la actividad productiva, se rescate el campo, se atienda a los jóvenes y se creen empleos. Una más es bajar sueldos a los altos funcionarios públicos, que no haya atención médica privada ni cajas de ahorro, tampoco utilizar aviones y helicópteros, y que paguen impuestos los 400 grandes consorcios económicos y financieros que son los que tienen más ingresos. Y otra, que en México se produzca lo que consumimos, no como ahora que tenemos que comprar los alimentos en el extranjero, por la política de pillaje que se impuso desde hace más de 27. Como nada de esto conviene a los intereses de unos cuantos, que tienen sumergido al pueblo en la pobreza y al país en el estancamiento, PRI y PAN harán hasta lo imposible para evitar el cambio que propone el Movimiento Lopezobradorista.




10 AÑOS DE PAN-PRI, OTRA DÉCADA PERDIDA.

Acción Nacional empezó a cogobernar con el partido oficial desde que convino en legitimar la elección de 1988. Carlos Castillo Peraza calificó el resultado de esa unión como una victoria electoral del panismo, pero en realidad fue la revelación ostensible, hasta ufana, del conservadurismo priísta, que a fuerza de hechos había quitado contenidos a la plenitud laica de la educación, a la separación entre la Iglesia y el Estado, al régimen comunitario de propiedad de la tierra. Con las reformas convenidas en Los Pinos entre Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos sus partidos se miraron cara a cara y reconocieron su enorme parecido. En el sexenio de Zedillo se intensificó el curso propedéutico para que el PAN aprendiera a gobernar. Un panista fue nombrado procurador de la República, y juntos los legisladores de los partidos aprobaron el golpe de mano presidencial que desmanteló la Suprema Corte de Justicia y luego integraron el nuevo plantel del tribunal constitucional. La naturalidad con que Zedillo admitió el advenimiento de la presidencia panista nació de las identidades, ocultas todavía algunas, otras cada vez más evidentes, entre el modo de ser panista y la idiosincrasia priísta. Por eso el sexenio de Fox prolongó los ejes de la acción pública concebidos y desplegados por los presidentes priístas. Se continuó la misma política económica, para asegurarlo fue designado el priísta Francisco Gil, que fue subsecretario con la misma desenvoltura que ejerció como titular de la secretaría de Hacienda. Si en 2003 se rompió el acuerdo para una reforma fiscal entre el gobierno blanquiazul y la bancada priísta en san Lázaro, ello no obedeció a diferencias en los principios y las tesis rectoras, sino a que Roberto Madrazo encontró útil esa coyuntura para desembarazarse de Elba Ester Gordillo, siendo ambos capaces de cualquier pacto con el panismo. Hubo asimismo continuidad y no ruptura donde hacía falta esta última: en la seguridad pública y la seguridad nacional. El personal de alto nivel en la Procuraduría General de la República y en los ministerios militares venía del antiguo régimen, y así continúa siendo hoy. En las materias que eran de esperarse distintas, propias de un régimen fundado en el humanismo cristiano, se practicó un priísmo descarnado. El mejor ejemplo fue la intromisión presidencial en las elecciones de 2006, que mostró como anti demócrata al partido que medró predicando los valores de la legalidad en la integración de los gobiernos. En tal sentido, Felipe Calderón inició su gobierno, antes del primero de diciembre de 2006, con un magno error, su negativa a que se abrieran los paquetes de la discutida elección presidencial. Ese rechazo fortaleció el alegato de quienes se sintieron y supieron víctimas de un fraude, cuya consumación hace cuatro años partió en dos a la sociedad participante, polarización que se extiende al día de hoy, y que será parte del legado político de la década panista en el poder. La política económica de Calderón, continuación de la de Fox (también a cargo de un secretario de Hacienda del antiguo régimen) es, por lo tanto, una política priísta. Lo prueba el permanente avenimiento que en el fondo mantienen las bancadas de los dos partidos mayores en el Congreso. Los desplantes y aun los sobresaltos que por momentos parecen caracterizar el diálogo entre legisladores panistas y priístas son infiernitos, juegos de pirotecnia para solaz del respetable, intriga de comedia mal urdida cuyo desenlace es conocido aun por el más desprevenido de los espectadores. También los reproches recíprocos son parte de un guión (con acento, por favor), para disfrute de la porción desmemoriada de la sociedad. Al narcotráfico se le combatió y se le solapó en el régimen priísta de modo semejante al practicado por Fox y por Calderón, sólo que éste cometió la desmesura de sacar al Ejército a combatir el crimen organizado, pues no confió en la Policía Federal creada por los responsables de la seguridad pública de hoy. Que un funcionario como García Luna bogue con naturalidad en los mares priístas y panistas prueba que se trata de las mismas aguas. La militarización del país, iniciada por Salinas y Zedillo, ante brotes de insurgencia armada que los desafiaron, fue ahondada por Calderón mediante un combate militar oneroso y fallido al crimen organizado. Su dogmática proclama: no hay más ruta que la mía para garantizar a los mexicanos la tranquilidad a que tienen derecho, no nace de una convicción, sino que expresó su necesidad de contar con un sustento político que reforzara el que el PRI le ha provisto con largueza aunque no sin costos. (editado, Miguel Ángel Granados Chapa)


MIENTRAS SIGAN EN EL PODER EL PRI Y EL PAN NADA CAMBIARÁ EN BENEFICIO DEL PAÍS NI DE LAS MAYORÍAS EMPOBRECIDAS.