lunes, 8 de agosto de 2011

Servicio informativo con enfoque, invitado

 
 
Se debe detener a los que financian
a los cárteles: obispo Rául Vera López

* Ellos están libres, mientras el Ejército viola derechos humanos
 
Sofía Noriega / corresponsal de CIMAC
cimac@laneta.apc.org

Saltillo, Coahuila. Los altos costos de la guerra militar en contra del narcotráfico, además de vulnerar los derechos humanos de la población, han dejado en evidencia el endeble esquema de justicia en México y la corrupción de las estructuras gubernamentales, opina fray Raúl Vera López.
El obispo de la Diócesis de Saltillo, al cuestionar la militarización implementada en el último sexenio, destaca que miles de mujeres y hombres en este país esperan una respuesta del Estado mexicano para frenar los abusos no sólo del crimen organizado, sino de las fuerzas armadas que en su misión por contener la violencia han cometido todo tipo de arbitrariedades contra la población civil.
Raúl Vera opina que la militarización impulsada por Felipe Calderón resulta contraria a los resultados que debería de dar, porque no se está aplicando la justicia: “Están sepultando los expedientes, no están deteniendo, están matando al eslabón más débil, a la carne de cañón, a los narcomenudistas”.
Añade que en lugar de abatir el crimen el gobierno lo ha hecho crecer con el Ejército en las calles, y se pregunta: “¿Cómo podemos forzar que esto cambie?”
Para el prelado es necesario que los ciudadanos se organicen y enfrenten de manera muy seria lo que está sucediendo, como lo ha hecho Javier Sicilia a través del movimiento que encabeza.
Al contrario de lo que debería de ser, señala Vera, en los últimos seis años se ha multiplicado la presencia del narcotráfico en México, hay más cárteles, entonces no hay justificación para la guerra fallida en la que los perdedores son los ciudadanos de a pie.
“Más parece que Calderón está ayudando a un proceso de militarización para otros fines que no son la persecución del crimen, porque ni lo ha perseguido, al contrario las muertes se han incrementado con un gasto tremendo para el erario”.
En opinión del obispo Vera, Felipe Calderón está defraudando al país con la estrategia de llevar a los militares a combatir directamente en las calles, cuando los capos y los lavadores de dinero ni siquiera llegan al Ministerio Público, no pisan la cárcel.
Vera considera que se debería de empezar por la procuración de justicia contra quienes lavan el dinero o desde la política están inmiscuidos con la mafia de las drogas.
Las fuerzas armadas no están preparadas para actuar en medio de la sociedad civil y son notables los excesos de sus elementos, señala monseñor Vera. “En su gran mayoría, los miembros del Ejército son una leva, no son militares de carrera, son personas que se alistan en el Ejército y que inmediatamente los ponen en la tropa”.
Insiste en que el  abuso de los derechos humanos por parte del Ejército es una situación que puede evitarse en la medida en que se debilite la fuente de dinero para el narcotráfico. “Han matado familias enteras, hay cientos de desaparecidos y miles de mujeres viudas o en espera de tener noticias de sus hijos, esposos o hermanos”.
Indignado por la indiferencia de la clase política hacia los grandes flagelos del país, Vera no duda en alzar la voz a pesar de las críticas en su contra, que hace unos días llegaron al extremo de repudiar sus posturas a través de mantas anónimas en las que se pedía un obispo católico.
“Ya llevamos muchos ‘daños colaterales’, muchos inocentes muertos, se ha multiplicado la violación de los derechos humanos, crece el peligro al que está expuesta la sociedad”, enfatiza.
“El juez tiene que ampliar las indagatorias y tiene que llegar a las causas de todos los delitos y tiene que descubrir las complicidades y éste es el camino no sólo para detener a los criminales sino a quienes los apoyan financieramente”. El tema del lavado de dinero, dijo, está pendiente en la agenda de Calderón, porque el dinero es el alma del crimen organizado.
 
 
 
 
El marino defiende al jefe
 
José Francisco Gallardo Rodríguez
generalgallardo@yahoo.com.mx
 
La “guerra contra las drogas” declarada pomposamente por Felipe Calderón al inicio de su administración, ahora negada por él mismo, tiene dos motivos: legitimarse en el poder, después de que fue impuesto por un “golpe de Estado técnico”, apoyado en el Ejército, visto por todos en los medios de comunicación, y  someter al país a las políticas de seguridad  de Estados Unidos de América (USA), a través de la firma, a espaldas de la sociedad, de la Iniciativa Mérida.
Esta decisión ha provocado el colapso del sistema de seguridad y defensa nacional, el rompimiento del tejido social, la homologación del sistema de justicia mexicano al de USA, la integración profunda de nuestro país a los designios y a los asuntos del exterior (léase USA). Más claro: anexión, la subordinación de las fuerzas armadas a los mandos del Pentágono, a través de su política expansionista (dominación del espectro total); la intervención abierta de las fuerzas de seguridad de USA en territorio nacional, incluso solicitada por Calderón; la construcción de la base militar localizada en Los Encinos, San Salvador Chachapa, Puebla; un lugar destinado para reserva ecológica, disfrazada de la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial. Por decir, algunas cosas dantescas en contra de la soberanía nacional. (La presentación del proyecto de la construcción de la base estuvo a cargo de Rafael Moreno Valle (gobernador “aliancista”) y Keith W. Mines, director general de Iniciativa Mérida, quien fue muy preciso que el Buró Federal de Investigación (FBI) Servicio Secreto, ICE, NCSI, entre otros tendrán injerencia directa. (taringa.net/comunidades/taringamexico/3160580/)
La disposición ha sido apoyada enésimas veces por los voceros del poder y ahora por a quienes les resulta una responsabilidad por las violaciones graves a los derechos humanos, a los titulares encargados del orden, que nosotros calificamos como crímenes de lesa humanidad, porque se trata del exterminio de un grupo focalizado de ciudadanos.
Por ejemplo, en lo que el vocero de seguridad Alejandro Poiré, llama “segundo mito”, señala que: las fuerzas armadas no violan sistemáticamente los derechos humanos de la sociedad y dice que las violaciones que se han registrado son incidentales (Miles de desaparecidos, más de 50 mil muertes, entre otras, y las más abominables violaciones a la integridad de las personas que puedan cometer cualesquiera gobiernos en contra de sus pueblos. (http://www.guerradelnarco.com).
Expresa también que no se ha militarizado la lucha de México por la seguridad (contra las drogas), ni las fuerzas armadas han abandonado los cuarteles para tomar las calles. Hay decenas miles de soldados en las calles.
En el mismo sentido, de defensa a ultranza del jefe Calderón, El marino  como ahora apodan las redes sociales a Mariano Francisco Saynes, titular de Marina, dijo durante la graduación de oficiales en Veracruz, 26 julio de 2011, “que grupos delictivos utilizan a agrupaciones ciudadanas para tratar de manchar el prestigio de las fuerzas armadas”. Nadie en su sano juicio, reclamando un derecho, puede poner en riesgo a las instituciones del Estado.  
Las organizaciones y defensores de los derechos humanos, consideramos esa desafortunada e irresponsable declaración como una amenaza a nuestra labor, que realizamos en defensa de los derechos humanos de cualquier persona, incluso hasta del más criminal de los criminales, o hasta de los mismos que nos han perseguido.
Como bien precisa Miguel Concha: “Ésta no es la primera ocasión que desde el gobierno se hacen este tipo de señalamientos para descalificar el trabajo honesto, dentro de la ley y con un prestigio social a nivel nacional e internacional de las organizaciones civiles de derechos humanos. Sin duda es una manifestación irresponsable de un funcionario, que apoya la guerra de Calderón contra las drogas. Deja claro cual es la política del gobierno hacia los defensores de los derechos humanos y de la incapacidad de procesar el pasado sobre las violaciones a los derechos humanos”.
En la misma tesitura, se impulsa desde el poder la aprobación de La Ley de Seguridad Nacional, se trata de una ley de inmunidad para dejar impunes la violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno de Calderón, primero; y darle facultad al presidente para que en un manejo arbitrario de la fuerza permanente, pueda dictaminar un estado de afectación a la seguridad interior, a fin de suspender las elecciones presidenciales de 2012 y poder prolongar su permanencia en el poder, en segundo.
La Ley de Seguridad Nacional, que todavía en México no definimos qué es, debe tener como eje conductor la seguridad ciudadana, es decir, que las instituciones del Estado estén en capacidad de que el ciudadano común, puede ejercer sus derechos, así de fácil y sencillo, pero difícil y complejo si se tiene un gobierno con vicios de ilegitimidad.
 
 
 
La trata
 
Sara Lovera
saralovera@yahoo.com.mx
 
Desde hace algunos años grupos de mujeres, organismos internacionales y diversas agencias han realizado suficiente investigación para fundamentar cómo opera la trata de personas en México. Con frecuencia se sabe de dos cuestiones trascendentes: la trata con fines de explotación sexual y para obligar a las personas a trabajos forzados.
Por ello resulta indignante que ahora se hable de que en Ciudad Juárez detuvieron el 23 de julio a mil 300 personas relacionadas con ambos delitos.
Recuerdo perfectamente que en el 2000, durante la conferencia de Naciones Unidas llamada Pekín más cinco, se entregaron informes de cuánto beneficia en dólares la trata de personas, especialmente de mujeres de diversas edades con fines de prostitución.
Entonces se pudo precisar que la frontera de México con Estados Unidos, era una zona de intenso tráfico y se habló de cómo llegaron a lugares como Monterrey, Nuevo León, mujeres de la antigua zona “socialista” de Europa Central o cómo es que durante decenios no cesó este tráfico de América Latina a Europa.
El problema está perfectamente estudiado. Los policías internacionales, la FBI, Scotland Yard y otras, conocen el trasiego, la forma como se captura, traslada, explota, vende y todo lo que puede definirse como el peor de los comercios: el de seres humanos, especialmente de mujeres, niños y niñas.
Ahora resulta, para nublar a los consumidores de noticias, que de pronto la Policía Federal (PF) descubre este problema y se presume, aunque es importante, que se ha logrado rescatar a 20 jovencitas menores de edad que estaban ya listas para ser explotadas.
En el operativo participaron agentes de la PF y de la Fiscalía de Chihuahua, 15 años después de la desaparición de mujeres y del asesinato de cientos de ellas en Ciudad Juárez, donde la denuncia y la demostración del tamaño del fenómeno ha sido una constante.
Claro, hay que decir que fueron rescatadas 20 mujeres menores de edad obligadas a trabajar en bares y hoteles de la zona. Lo sabemos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, luego de una investigación certera, advirtió a las autoridades de una mafia que funciona en los estados de Puebla y Tlaxcala, y se veía a las jovencitas en la vieja zona de La Merced, en el primer cuadro de la ciudad, ir y venir.
Lo mismo se ha dicho he insistido, se hicieron las denuncias, como la de Lydia Cacho en Quintana Roo del tráfico de niñas y niños menores; Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, AC (CATW-LAC), ha mostrado hasta el cansancio cómo operan las mafias en todo el país, tiene casos sustantivos y sustanciados, sin embargo, las autoridades una y otra vez hacen casi nada o nada.
Por lo visto todo es Juárez. La nota es clara. Ahora sabemos que existe un mecanismo llamado Alba y un operativo que forma parte de la Alerta Amber, que no es de México, sino parte de un programa que se inició en Estados Unidos y se ha extendido a varias naciones, entre ellas nuestro país, involucra a organizaciones sociales, ciudadanas y autoridades en la búsqueda de niñas y niños robados o reportados como desaparecidos.
Nos informan que está en desarrollo el Programa Nacional Alerta Amber, en coordinación con efectivos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y es así como 15 años después se trasladaron a las inmediaciones de las calles de Carranza, La Paz, Miguel Ahumada, Globo, Grijalva, Francisco Javier Mina, Noche Triste y Rafael Velarde, de la colonia Centro, de Ciudad Juárez, y revisaron 24 bares, tres hoteles y dos casas de huéspedes.
“Como resultado de estas acciones fueron rescatadas 20 menores de edad del sexo femenino. Además, fueron asegurados 500 hombres y 530 mujeres presuntamente vinculados a los delitos de trata de personas y explotación sexual”. ¿A quién engañan? Tardaron década y media. Es una burla. No sabemos si ésta es una realidad, es decir si realmente existe el programa que jamás conocimos.
Mientras de Adriana Morlett, desaparecida hace más de un año nada se ha querido hacer, a pesar de sospechas fundadas de que se encuentra probablemente en Venezuela. Todo ha sido una respuesta burocrática. Adriana Morlett despareció luego de tomar un taxi. Las investigaciones civiles, de personas y familiares, se han encontrado con una nueva mafia. No obstante hasta el momento ella sigue desaparecida, como tantas otras muchachas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó en marzo de este año que existen más o menos 5 mil jóvenes en estas circunstancias.
A pesar de que quisiéramos creerle a las autoridades, lo cierto es que este famoso programa y alerta parece formar parte de las presiones de Estados Unidos sobre México, en virtud del crecimiento inopinado de las mafias y el crimen organizado, que seguramente éste, el de la trata, forma parte de los intereses económicos de los mismos intereses de grupos de poder.
Me pregunto ¿por qué hasta ahora y con tanto aspaviento? Necesitamos que nos respondan por Adriana Morlett, por otras jóvenes, por niños y niñas cuya lista y búsqueda parece interminable. La autoridad tendría que explicarnos cómo y en qué forma está trabajando la Fiscalía Especializada en Trata y Delitos Contra las Mujeres, que parece un elefante blanco con muy pocos resultados.
Según la información del operativo en Ciudad Juárez, los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Chihuahua para continuar “con las investigaciones y realizar el cruce de información con Plataforma México para conocer si alguno de los presentados cuenta con antecedentes penales y mandamientos ministeriales o judiciales vigentes”, dijo a los reporteros la PF.
Lo que sí se hizo fue una movilización espectacular, si se lee la información: “El operativo denominado Alba duró nueve horas, y en él participaron cientos de elementos de las policías federal y estatal en el centro de Ciudad Juárez en busca de mujeres jóvenes desaparecidas en el sector. En esta acción no colaboró la policía municipal.
“Con vehículos y oficiales, personal de fuerzas federales sitiaron más de 15 cuadras del centro. Colocaron patrullas y no permitieron el tránsito de autos o peatones, en tanto que los agentes ministeriales del estado recorrieron e inspeccionaron bares, centros nocturnos, hoteles y edificios abandonados.”
No me puedo imaginar el escenario. No puedo admitir que se use propaganda sobre un problema en el que se ha insistido, como decía, de un fenómeno estudiado y con evidentes coordenadas para la investigación, en fin que se trata ahora mismo de una nueva mascarada del gobierno de Felipe Calderón, que no logra convencernos de nada y nunca se sabe qué es realmente lo que sucede y en dónde.
 
Utopía

Advertencia muy oportuna
 
Eduardo Ibarra Aguirre
 
En la víspera de que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, presidida por Javier Corral Jurado, aprobó en lo general la impugnada minuta del Senado sobre la Ley de Seguridad Nacional, con el voto de los comisionados del Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Verde, Amnistía Internacional encendió los focos rojos sobre el grave momento que padecen los mexicanos y sus garantías individuales.
            La advertencia de la acreditada organización consiste en que México podría vivir “una situación similar” en materia de violación del derecho humanitario como la que ocurrió en América del Sur, en los años 70 y 80 bajo las dictaduras militares.
            El diagnóstico, a cargo del director de investigación del Secretariado Internacional, alerta que México está al borde de experimentar una “represión sistematizada”, con énfasis en la desaparición forzada de personas a cargo de integrantes de las fuerzas armadas, en particular del Ejército que durante el gobierno que lo sacó anticonstitucionalmente de los cuarteles para desempeñar tareas de seguridad pública e invadir atribuciones del Ministerio Público, acumulan 8 mil denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
            Para Javier Zúñiga afrontar el reto de luchar contra la desaparición forzada es tarea prioritaria en América Latina y “sobre todo en México”, donde “existe la tentativa de los gobiernos de “cometer el crimen perfecto, ya que la mayoría de los casos –cuantificados en 18 mil-- quedan impunes y ni siquiera se abren averiguaciones previas.
            Los hechos en que el Ejército y la Marina aparecen como presuntos autores son abundantes y están documentados por familiares de las víctimas en los diarios, pues el duopolio televisivo se ocupa de embellecer los atropellos hasta el extremo de presentar como imagen cotidiana a los presuntos delincuentes con visibles huellas de tortura.
            El investigador mexicano denunció en la Universidad Complutense la política que forma parte de la estrategia de Felipe Calderón, consistente “en atacar al crimen organizado mediante la eliminación física de los sospechosos, lo que pondría a México en peligrosa igualdad con lo que sucedió en los países del cono sur”.
            También existe el grave problema de que la sociedad tolera las eliminaciones selectivas de los supuestos criminales, pero la experiencia histórica muestra los altos costos de tal conducta. A título de ejemplo recuérdese el caso de Arturo Beltrán Leyva, asesinado cuando su resistencia se redujo a cero. Y aquí caben dos preguntas: ¿Cuáles funcionarios de primer nivel se beneficiaron con su muerte? ¿Qué tanto influyó el hecho de que el capo tuviera en sus archivos el expediente médico de Calderón Hinojosa?
            La pertinencia de los focos rojos encendidos desde Madrid, se vigoriza con el rechazo categórico del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de la minuta aprobada en lo general --seis días después de que los legisladores formularon un inequívoco compromiso con los dirigentes del MPJD--, porque abonaría “al autoritarismo y a la guerra”. El valor de la palabra comprometida y la tan reiterada como grotesca “petición de perdón” de los coordinadores parlamentarios, grotescamente del Verde Ecologista, quedaron al desnudo. 
            Durante la instalación de las mesas de seguimiento de las promesas de los legisladores les recriminarán la “traición a su palabra”, paralelamente se convoca a la ciudadanía, víctimas o no de la estrategia guerrerista, a emprender acciones de resistencia civil, que pareciera ser el lenguaje que entienden los hombres y mujeres del poder institucional y fáctico.     
Acuse de recibo
“Felicidades por las 1000 Utopías, nosotros comenzamos con una al creer que escribíamos para debatir temas intocados, el Ejército,  y nos fue como en feria, ahora el poder se ahoga en su propia mierda”; recuerda José Francisco Gallardo Rodríguez”... Carlos Reyes Romero también rememora: “Muchas, muchísimas felicidades por las mil Utopías conque nos has ilustrado y regocijado. Siempre que te leo, me acuerdo del muchacho recién llegado de Matamoros que vino a hacer periodismo de lucha y libertad a la redacción de Oposición, el órgano de información del Partido Comunista Mexicano. ¡Qué años aquellos; pronto serán cuarenta y dos!”… Faustino Alonso subraya: “Mil felicidades por la Utopía número 1000. Congratulaciones por ésa difícil lucha”… Sylvia González Elger agrega: “Te felicito no sólo por el primer millar de Utopía, también por ser un ciudadano valiente, inteligente, con visión justa y con ideales, en estos tiempos donde impera la desinformación, el pesimismo, el desinterés; personas como tú nos recuerdan que siempre debemos de luchar por las causas justas, nunca perder nuestros ideales, ni el amor y el orgullo por este maravilloso país, que es nuestro”… Sergio Pochon, director de Alternativa Latinoamericana, de Canadá, concluye “(…) sigo tus opiniones que se alejan de la utopía para sentarnos frente a muchas realidades, especialmente la realidad mexicana”.
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Una estafa de 16 billones de dólares
 

Por:   Atilio A. Boron
 
La atención de la opinión pública internacional está centrada en el acuerdo pírrico firmado entre Barack Obama y el Congreso mediante el cual el presidente se compromete a aplicar un duro programa de ajuste fiscal, centrado en el recorte de gastos sociales (salud, educación, alimentación) e infraestructura por 2.5 billones de dólares (2.500.000 millones de dólares) pero preservando, como lo exige el Tea Party, el nivel actual del gasto militar y su eventual expansión. A cambio de esto, la Casa Blanca recibió la autorización para elevar el endeudamiento de Estados Unidos hasta 16.4 billones de dólares (es decir, 16.400.000 millones de dólares), cifra superior en unos dos billones al PIB de ese país. Con esto se espera -confiando en la “magia de los mercados”- superar la crisis de la deuda pública y reactivar la languideciente economía norteamericana. Esta receta ya fue implementada a sangre y fuego en América Latina y no funcionó; y tampoco lo hizo en la convulsionada Europa de estos días. Con este acuerdo lo único seguro será el agravamiento de la crisis y, de su mano, la acentuación de la belicosidad norteamericana en el escenario mundial.

“Socialismo” para los ricos, mercado para los pobres
El debate sobre el posible default de EEUU eclipsó por completo un escándalo financiero de inéditas proporciones: El 21 de Julio pasado se conoció el resultado de la auditoría integral realizada por la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas (Government Accountability Office, GAO por su sigla en inglés) en la Reserva Federal (Fed), el banco central de los Estados Unidos, la primera que se practica a dicha institución desde que fuera creada en 1913.1 Los resultados son pasmosos: en un plazo de poco más de dos años y medio, entre el 1º de Diciembre del 2007 y el 21 de Julio de 2010, la Fed otorgó préstamos secretos a grandes corporaciones y empresas del sector financiero por valor de 16 billones de dólares, una cifra mayor que el PIB de los Estados Unidos que en el año 2010 fue de 14.5 billones de dólares y más elevada que la suma de los presupuestos del gobierno federal durante los últimos cuatro años. No sólo esto: la auditoría reveló también que 659 millones de dólares fueron abonados a algunas de las instituciones financieras beneficiadas arbitrariamente por este programa para que administrasen el multimillonario salvataje de bancos y corporaciones dispuesto como mecanismo de “salida” de la nueva crisis general del capitalismo. De ese gigantesco total unos 3 billones fueron destinados a socorrer a grandes empresas y entidades financieras en Europa y Asia. El resto fue orientado al rescate de corporaciones estadounidenses, encabezadas por el Citibank, el Morgan Stanley, Merrill Lynch y el Bank of America, entre las más importantes. Todo esto mientras la crisis profundizaba hasta niveles desconocidos la desigualdad económica dentro de la población estadounidense a la vez que hundía a crecientes sectores sociales en la pobreza y la vulnerabilidad social. Por supuesto, esta información apenas si mereció un espacio completamente marginal en la prensa financiera, tanto la internacional como la norteamericana, o en los grandes medios de comunicación de Estados Unidos. Son noticias que, como recuerda Noam Chomsky, no tienen por qué ser conocidas por el gran público.
Las asombrosas revelaciones de este informe deberían habilitar una discusión, sobre varios temas de gran importancia. Uno, la extremadamente desigual distribución de los esfuerzos requeridos para enfrentar la crisis. Hasta ahora aquellos han sido aportados por los trabajadores, mientras que las grandes fortunas personales o corporativas así como los fenomenales ingresos de los más ricos, se han beneficiado con las rebajas de impuestos y rescates multimillonarios dispuestos por George W. Bush y ratificados por Barack Obama en el reciente acuerdo. Dos, sobre los inexistentes -o sumamente débiles e ineficaces- mecanismos de auditoría y control democrático sobre las políticas y decisiones de una institución crucial para la economía norteamericana y el bienestar de su población como la Fed. Tres, sobre la dudosa compatibilidad existente entre un orden que se autoproclama democrático y el estatuto jurídico e institucional de la Fed como entidad autónoma que no tiene la obligación de rendir cuentas ante ninguna instancia de control democrático. En relación a esto último la Fed manifestó su predisposición a “considerar muy seriamente” las recomendaciones de la GAO, pero al no ser una institución gubernamental no puede ser forzada a aceptarlas. Pese a su carácter privado el Presidente (Chairman) de la Fed y los siete miembros de su directorio son designados por el Presidente de los Estados Unidos y sujetos a su posterior confirmación por el Senado. Pero contrariamente a lo que piensa la abrumadora mayoría de la población norteamericana la Fed no es una agencia del gobierno federal sino una corporación privada. En términos políticos es el partido del capital financiero. Su autonomía es tan grande que no se saldría un milímetro de la legalidad si sus autoridades decidieran desoír las recomendaciones de la GAO o rebelarse abiertamente contra ellas. No existe, para la Fed, la rendición democrática de cuentas ante la comunidad y por ser una entidad de derecho privado no tiene por qué acatar ni siquiera lo dispuesto en la Ley de Libertad de Información, cuya jurisdicción se extiende tan sólo a las instituciones públicas. Situación aberrante si las hay: una cifra equivalente al total de la deuda pública estadounidense que puso a EEUU al borde del default fue desembolsada en rescates fraudulentos, secretos y muy beneficiosos para los prestatarios y lesivos para el contribuyente, con cuyo dinero un banco central “independiente” como la Fed financió toda esta operación. Cabe preguntarse: ¿independiente de quién?
¿Conspiración de silencio?
El escándalo revelado por la auditoría tuvo casi ninguna repercusión en Estados Unidos. El “Chairman” de la Fed, Ben Bernanke, se hizo el desentendido y expresó que en momentos en que se temía un default de ese país lo importante era resguardar la credibilidad de la Fed y del sistema monetario estadounidense. Pese a que el GAO es un organismo de apoyo a las labores del Congreso las reacciones de representantes y senadores ante la divulgación del informe fueron del más absoluto e inmoral silencio. Hasta donde hemos podido indagar una de las poquísimas voces disonantes fue la del senador Bernie Sanders, del estado de Vermont. Sanders es una rara avis no sólo en el Congreso sino en la política estadounidense: es un político que se declara como socialista y que fue electo como candidato independiente en alianza con el partido demócrata, única manera de superar el asfixiante bipartidismo imperante en Estados Unidos. Elegido como senador en el 2007 con un 65 % de los votos, un aluvión electoral muy poco frecuente en la política de ese país, fue apoyado por diversos movimientos sociales y pequeñas organizaciones políticas de Vermont. Sanders reaccionó duramente cuando se conoció el informe.2 Transcribimos a continuación algunos de los párrafos más destacados de la declaración emitida por su oficina de prensa, que prácticamente no fue levantada por ningún medio de los Estados Unidos, y que dice lo siguiente:
21 de Julio, 2011.
“La primera auditoría integral de la Reserva Federal descubrió nuevos asombrosos detalles acerca de cómo los Estados Unidos suministraron la friolera de 16 billones de dólares (16.000.000 de millones) en préstamos secretos para rescatar bancos y empresas estadounidenses y extranjeras durante la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Una enmienda propuesta por el Senador Bernie Sanders a la ley de reforma de Wall Street -aprobada hace exactamente un año atrás esta semana- había ordenado a la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas (Government Accountability Office) llevar a cabo ese examen. “Como resultado de esta auditoría ahora sabemos que la Reserva Federal suministró más de 16 billones de dólares en asistencia financiera total a algunas de las más grandes corporaciones e instituciones financieras en los Estados Unidos y el resto del mundo”, dijo Sanders. “Esto es un clarísimo caso de socialismo para los ricos y descarnado individualismo tipo ‘sálvate como puedas’ para los demás.”
Aclaración: la Government Accountability Office (GAO) es una agencia independiente y no partidaria que trabaja para el Congreso de los Estados Unidos. La misión de la GAO es investigar la forma en que el gobierno federal dispone de los dólares de los contribuyentes. El jefe de la GAO es el Contralor General de los Estados Unidos, y es designado por un período de 15 años por el Presidente a partir de una lista de candidatos elaborada por el Congreso. El jefe actual de la GAO es Gene L. Dodaro, quien había sido nominado por el Presidente Barack Obama en Septiembre de 2010 y confirmado en su cargo en Diciembre de ese mismo año al ser confirmado en su puesto por el Senado. (Nota de A. Boron)
Entre otras cosas la auditoría estableció que la Reserva Federal “carece de un sistema suficientemente exhaustivo para tratar casos de conflictos de interés, a pesar de que existen serios riesgos de abusos en este sentido. De hecho, según esta auditoría la Reserva Federal emitió dispensas de conflicto de interés a favor de empleados y contratistas privados a fin de que pudieran mantener sus inversiones en las mismas corporaciones e instituciones financieras que recibían préstamos de emergencia.”
“Por ejemplo, el CEO de JP Morgan Chase cumplía funciones en el Directorio de la Reserva Federal de Nueva York mientras su banco recibía más de 390.000 millones de dólares en ayuda financiera por parte de la Reserva Federal. Además, JP Morgan Chase actuaba como uno de los bancos de compensación para los programas de préstamos de emergencia de la Fed.”
“Otro hallazgo perturbador de la GAO es el que refiere que el 19 de Septiembre del 2008 el señor William Dudley, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, recibió una dispensa para permitirle conservar sus inversiones en AIG (American International Group, un líder mundial en el campo de los seguros) y GE (General Electric) mientras estas compañías recibían fondos de rescate.. Una razón por la cual la FED no obligó a Dudley a vender sus acciones, según la auditoría, fue porque tal acción podría haber creado la apariencia de un conflicto de intereses.”
“La investigación también reveló que la Fed tercerizaba a contratistas privados como JP Morgan Chase, Morgan Stanley y Wells Fargo la mayoría de sus programas de préstamos de emergencia. Estas mismas firmas también recibían billones de dólares de la Fed por préstamos concedidos a tasas de interés cercanas al cero.”
Los principales beneficiarios de estos préstamos -concedidos entre el 1º de Diciembre de 2007 y el 21 de Julio de 2010- son los siguientes:
Citigroup: $2.5 billones ($2,500,000,000,000)
Morgan Stanley: $2.04 billones ($2,040,000,000,000)
Merrill Lynch: $1.949 billones ($1,949,000,000,000)
Bank of America: $1.344 billones ($1,344,000,000,000)
Barclays PLC (United Kingdom): $868 mil millones ($868,000,000,000)
Bear Sterns: $853 mil millones ($853,000,000,000)
Goldman Sachs: $814 mil millones ($814,000,000,000)
Royal Bank of Scotland (UK): $541 mil millones ($541,000,000,000)
JP Morgan Chase: $391 mil millones ($391,000,000,000)
Deutsche Bank (Germany): $354 mil millones ($354,000,000,000)
UBS (Switzerland): $287 mil millones ($287,000,000,000)
Credit Suisse (Switzerland): $262 mil millones ($262,000,000,000)
Lehman Brothers: $183 mil millones ($183,000,000,000)
Bank of Scotland (United Kingdom): $181 mil millones ($181,000,000,000)
BNP Paribas (France): $175 mil millones ($175,000,000,000)
Wells Fargo & Co. $159 mil millones ($159,000,000,000)
Dexia SA (Belgium) ) $159 mil millones ($159,000,000,000)
Wachovia Corporation $142 mil millones ($142,000,000,000)
Dresdner Bank AG (Germany) $135 mil millones ($135,000,000,000)
Societe Generale SA (France) $124 mil millones ($124,000,000,000)
Todos los demás $2,6 billones ($ 2,639,000,000,000)
Total $16.115 billones ($ 16.115.000.000.000)
La versión completa del informe de la GAO puede consultarse en : http://www.gao.gov/new.items/d11696.pdf
Alicia Huerta López
Pta. Epicentro Cultural Manuelita Sáenz.
 
MENSAJE DEL COMPAÑERO NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, SECRETARIO GENERAL DEL
SINDICATO NACIONAL DE MINEROS,  AL CUMPLIRSE LOS 4 AÑOS DE ESTALLADAS LAS
HUELGAS DE CANANEA, SOMBRERETE Y TAXCO.
Sábado 30 de julio de 2011.
Estimados compañeros trabajadores de las heroicas huelgas de Cananea, Taxco
y Sombrerete:
Estimadas esposas, hijos y familiares de los compañeros mineros en huelga:
Estimados compañeras y compañeros de las diferentes organizaciones
políticas, sociales y sindicales que nos acompañan:
Apreciados representantes de los Poderes de la Unión que nos acompañan en
solidaridad:
Hoy recordamos que se cumplen 4 años de iniciadas las huelgas heroicas de
Taxco Guerrero; Cananea, Sonora, y Sombrerete, Zacatecas. Mi mensaje es de
voluntad indoblegable y de lucha por la justicia y la dignidad. Los saludo a
todos Ustedes en estos cuatro años de lucha y sacrificios incesantes.
Orgullosamente, a pesar de las adversidades, no hemos bajado la guardia ni
hemos permitido que nos aplasten ni el gobierno de derecha de Felipe
Calderón  Hinojosa ni el miserable empresario Germán Feliciano Larrea Mota
Velasco del Grupo México. Y no doblaremos las manos en ninguno de los tres
sitios de trabajo, por más esfuerzos que hacen nuestros enemigos por
derrotarnos. Y no nos vencerán porque estamos guiados por un valor que no
conocen quienes nos persiguen, que es la dignidad.
Son 4 años de heroica lucha, compañeros y compañeras, en los que hemos
enfrentado agresiones y provocaciones de todo tipo, así como represiones y
maniobras ilegales, todas las cuales las hemos resistido a pie firme, con
mucha dignidad y con mucha valentía. Somos ejemplo de los trabajadores en
todo México y en todo el mundo, y eso nos provoca un gran orgullo.
A nuestros enemigos no les ha resultado haber convertido nuestras huelgas
por la dignidad y la justicia, en huelgas de desgaste, a las que han
apostado Germán Larrea y sus socios, junto con este gobierno de derecha y
algún ex presidente de la República que hizo millonarios a este y a otros
empresarios antisociales al regalarles la posesión de minas y plantas que
para ello, abusando de los poderes del cargo que ostentaba, previamente
privatizó, siendo antes propiedad de la Nación, o sea, sustrayéndolas al
patrimonio de todos los mexicanos.
Y por eso están desesperados y muestran cada día el alma de canalla que los
guía. Por más que se revuelven en su propia ira, no les salen las cosas. Eso
es así porque se han topado con hombres y mujeres de verdad, que no estamos
dispuestos a vender nuestra honra y nuestro orgullo ni por los 30 dineros de
Judas ni por millones, y que seguimos empeñados en hacer valer nuestra
libertad como mexicanos y como seres humanos.
En estos muy difíciles 4 años todos hemos aprendido que si no luchamos por
nuestro derecho al trabajo, si no trabajamos por tener una vida digna, nadie
lo va a hacer por nosotros.  Y menos lo va a hacer una empresa miserable
como Grupo México, que tanto ha abusado y sigue abusando de las concesiones
mineras que el gobierno le ha regalado. Que ha abusado tanto, que hasta a
sus propios esquiroles los tiene esclavizados, como en campos de
concentración de la Segunda Guerra Mundial. Ni a sus esquiroles respeta. Esa
empresa no quisiera que existiera nuestro glorioso Sindicato Nacional de
Mineros y entonces pudiera despacharse con libertinaje total para explotar y
humillar a los verdaderos trabajadores mineros de México.
Son 4 años de lucha incesante por la justicia y la dignidad. Con  nuestras
huelgas seguimos exigiendo mejores condiciones de seguridad industrial,
salud en el trabajo y protección a la vida de todos los trabajadores, que es
la demanda central de nuestros movimientos, que el Grupo México simplemente
pretende ignorar, con la complicidad del gobierno de Felipe Calderón y el
auxilio servil del nefasto titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, Javier Lozano Alarcón. Bien ganado tiene este siniestro personaje el
mote con que lo califica Larrea, como su "gato", como su más despreciable
sirviente, como en efecto lo es. Pero ese es problema de ellos, no de
nosotros. Nuestro problema es, solamente, que así como no nos hemos dejado
derrotar, no lo permitiremos tampoco en el futuro. Y acabaremos por vencer,
que de eso no les quepa ninguna duda a nadie.
Y estoy seguro, como todos Ustedes, que no permitiremos que pisoteen
nuestros derechos fundamentales de trabajadores. Nada nos va a desviar del
camino recto que hemos seguido. Ni agresiones físicas, ni represiones como
cortarnos la luz, el gas y el agua, ni las amenazas o las acciones de las
fuerzas públicas.
Pero tampoco nos impresionan con el uso ilegal y cobarde de los correos
electrónicos, con los que Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota
Velasco, o el Grupo Peñoles de Alberto Bailleres González, o el Grupo
Acerero del Norte de Alonso Ancira Elizondo bombardean a diario nuestras
computadoras con el afán de desorientar a los trabajadores, usando injurias
y mentiras, y deformando los hechos, siempre amparados en el más cobarde
anonimato.
Ni Larrea, ni Bailleres, ni Ancira dan nunca la cara, porque la tienen
sucia, como su cerebro, y los tienen sucios porque no obran con verdad ni
con principios o valores pues no saben lo que estos son. ¿Por qué ni Larrea,
ni Bailleres, ni Ancira dan nunca la cara o efectúan conferencias de prensa?
Actualmente operan desde el anonimato cobarde y desde la oscuridad de los
teclados de las computadoras, porque no se atreven a enfrentarse a los
trabajadores mineros ni a los medios de comunicación, y lo están haciendo
con una vulgaridad que ni los peores ejemplos de la miseria humana se
atreven a utilizar. Tienen miedo a salir a la luz pública, porque saben que
en ese momento sus calumnias y sus majaderías los pondrían en el lugar que
se merecen, el basurero de la sociedad. 
Y Larrea, Bailleres y Ancira no dan la cara y no dan entrevistas a los
medios porque son cobardes, que se escudan en el anonimato, y porque tienen
para ese trabajo riesgoso a su vocero, el desprestigiado Javier Lozano
Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o a
abogados empresariales de nula calidad moral como Julio Esponda, Fernando
Gómez Mont y Alberto Aguilar Zínser, y a otros, que por obligación sacan la
cara por ellos.
A los trabajadores no nos hacen mella los insultos ni las calumnias vulgares
con que todos los días ensucian Larrea, Bailleres, Ancira o sus sirvientes
el espacio cibernético. El recurrir con insultos en los medios cibernéticos
contra nosotros, mide el temor que nos tienen a los trabajadores y a los
dirigentes de este grande y glorioso Sindicato Nacional de Mineros. Y lo
hacen con las vulgaridades con que tienen llenas sus cabezas, en sus cabezas
no hay lugar para nada más.
Nosotros los trabajadores mineros sabemos donde estamos parados, por qué
luchamos y, sobre todo, que vamos a triunfar, y no tenemos miedo de actuar a
la luz pública, porque nos asisten la verdad, el derecho y la justicia. Y
porque nosotros no somos miserables ni cobardes.
Compañeros y compañeras: Nuestras tres huelgas se mantienen vivas, porque
nuestros enemigos no han logrado obtener ninguna resolución legal que las
declare inexistentes y por lo tanto terminadas definitivamente. Las tres
huelgas han sido declaradas existentes por diversos Jueces y Tribunales en
Materia de Trabajo, como resultado de los amparos que nuestro Sindicato, que
me honro en presidir, ha interpuesto y le han sido resueltos favorablemente.
Así que las versiones que difunden el Grupo México y la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social en sentido contrario, son absolutamente falsas y
carecen de todo sustento jurídico.
Esas versiones, lo mismo que sus calumnias por medio de los correos
electrónicos, sólo indican la desesperación de Grupo México de Larrea, y de
su cómplice Javier Lozano, porque los resultados de su obstinación no los
favorecen, a pesar de que han recurrido a los peores recursos de represión
de que se tenga memoria, como la invasión del 6 de junio de 2010 de la mina
de Cananea, con más de 4 mil elementos fuertemente armados, los cuales
mantienen un clima de terror sobre los auténticos mineros, incluso sobre los
esquiroles que el propio Larrea ha contratado ilegalmente.
Nuestro Sindicato ha demostrado estos 4 años que está siempre dispuesto a
negociar la solución a los conflictos de huelga, siempre y cuando todo
arreglo pacífico y legal se haga con base en el respeto a los trabajadores y
a sus derechos, a sus Contratos Colectivos de Trabajo y al Sindicato
Nacional de Mineros. Ante esto han resultado infructuosos los intentos de
aplastarnos tanto del Grupo México de Larrea como del titular del Trabajo y
Previsión Social, Javier Lozano, empecinados en perjudicarnos a los
trabajadores y a nuestro Glorioso Sindicato Nacional de Mineros.
Compañeros y compañeras: Mis palabras son un llamado a todos para que nos
mantengamos firmes en la lucha. Porque inevitablemente venceremos. No hay de
otra.
 
 
define grosería EXCELENTE
Es curioso que una ex-secretaria de estado se dé cuenta ahora , de lo que es una grosería, por lo demás, todo es cierto.

A Xóchitl Galvéz se le acusó de grosera en una entrevista y contestó lo que está a continuación.

 
¿Que es Grosería?
GROSERÍA es que el salario mínimo de un trabajador sea de $54.00 al día(1,620 al mes) y el de un diputado de $200,000.00 pudiendo llegar con dietas y otras prebendas a $350,000.00
Grosería es que un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera. 
Grosería es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca, (siempre por unanimidad, por supuesto, y al inicio de la legislatura). 
Grosería es comparar la jubilación de un diputado con la de una viuda.

  Grosería es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste sólo con tres o con seis según el caso y que los miembros del gobierno para cobrar la pensión máxima sólo necesiten jurar el cargo.
 
  Grosería es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?)de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del ISR.
 
  Grosería es colocar en la administración a miles de asesores (léase amigotes con sueldo) que ya desearían los técnicos más calificados.  
 
Grosería es el ingente dinero destinado a sostener a los partidos aprobados por los mismos políticos que viven de ellos.
 
  Grosería es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo (y no digamos intelectual o cultural).
 
Grosería es el costo que representa para los ciudadanos, sus comidas, coches oficiales, choferes, viajes (siempre en gran clase) y tarjetas de crédito por doquier.
 
  Grosería es que sus señorías tengan casi cinco meses de vacaciones al año (48 días en Navidad-enero, unos 17 en Semana Santa -a pesar de que muchos de ellos se declaran laicos- y unos 82 días en verano). 
 
 Grosería es que sus señorías cuando cesan en el cargo tengan un colchón del 80% del sueldo durante 18 meses.
 
  Grosería es que ex ministros, ex secretarios de estado y altos cargos de la política cuando cesan son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del erario público.
 
 Grosería es que se utilice a los medios de comunicación para transmitir a la sociedad que los funcionarios sólo representan un costo para el bolsillo de los ciudadanos...
 
  Grosería es que nos oculten sus privilegios mientras vuelven a la sociedad contra quienes de verdad les sirven. Mientras, ¿hablan de política social y derechos sociales? 
 ¡Qué grosería! 

 Ésta debería de ser una de esas cadenas que no se rompan porque sólo nosotros podemos ponerle remedio a esto.
 
Sería además de grosero, indecente que no lo reenviarás.