sábado, 20 de agosto de 2011

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La CIA ensaya en México la destrucción de la izquierda sudamericana
 


Una nueva guerra sucia tiene lugar en México y se encubre en la supuesta lucha contra las drogas que patrocina Estados Unidos y consuma el gobierno del panista Felipe Calderón 94.540 militares en las calles. 

Como en las décadas de 1960, 1970 y principios de la de 1980, luchadores, líderes sociales, defensores de los derechos humanos, políticos y periodistas son victimados a mansalva. 
La “guerra” contra el narcotráfico es en realidad una guerra social que busca propósitos no confesados, señala el politólogo y antropólogo Gilberto López y Rivas, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia-Morelos. 

—Es un proceso de militarización y de criminalización de las luchas sociales, en donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la violencia selectiva.  Como lo hizo en el pasado, a través de la Guerra Sucia con desapariciones forzadas, ahora (lo hace) con la impunidad en el terreno represivo, supuestamente, en contra de los cárteles de las drogas. 
Y es que, en lo que va de la administración federal, más de 23 mil civiles han sido ejecutados extrajudicialmente.  De éstos, al menos 55 eran activistas; 33, periodistas, y 20, políticos, revela una investigación hemerográfica hecha por Contralínea. 

Además, de acuerdo con datos del Frente Democrático Oriental de México, en este gobierno se cuentan 4 mil desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales.  “El narcotráfico se ha convertido en un pretexto del gobierno federal para convertir al Estado en patrullaje militar y fascismo opresor del pueblo”, indican los representantes de esa asociación. 
Tal es el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario, desaparecidos el 25 de mayo de 2007 tras ser detenidos por policías federales. 
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad –que depende de la Procuraduría General de la República– admite conocer 35 crímenes de lesa humanidad relacionados con desaparición forzada, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 00017000150309 hecha por este semanario. 

Crímenes de Estado 
Aunque el gobierno federal impulsa la creencia de que todas las personas ejecutadas y desaparecidas son víctimas de la delincuencia organizada, asociaciones civiles señalaron en su momento que cada uno de los homicidios de los activistas fueron crímenes de Estado. 
Los asesinatos se caracterizan, en su mayoría, por sus victimarios:  comandos armados no identificados, que acabaron con la vida de los luchadores sociales a balazos, incluyendo el tiro de gracia.  Algunos activistas fueron previamente levantados y sus cuerpos presentaron huellas de tortura. 
Respecto de la veintena de políticos, sus muertes sucedieron en medio de procesos electorales.   En total, más de un centenar encajan en la definición de crímenes políticos o de Estado. 
Uno de ellos, el que cobró la vida de Armando Villarreal Martha –dirigente de la Organización Agrodinámica Nacional, líder de productores y campesinos que exigen la revisión de tarifas eléctricas para consumo agrícola y opositor al Tratado de Libre Comercio de América del Norte–, perpetrado el 14 de marzo de 2008 por un comando armado. 
También, el de Benjamín Franklin Le Barón Ray –sucedido el 8 de julio de 2009–, quien encabezaba un movimiento social en contra del secuestro en Chihuahua.  Según su familia, 20 hombres armados y con vestimenta militar lo secuestraron en su casa, ubicada en el municipio de Galeana. 
O el del comandante Ramiro, del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.  El 4 de noviembre de 2009, siete narcoparamilitares, liderados por el Cuche Blanco Palacios, le tendieron una emboscada en la comunidad de Palos Grandes, municipio de Ajuchitlán, Guerrero. 
—Las violaciones a los derechos humanos seguirán presentándose mientras las Fuerzas Armadas estén en la calle.  Seguirá latente, con justa razón, la percepción ciudadana de que el gobierno está reprimiendo a sus opositores, dirigentes sociales e inconformes que ya miran a la insurrección ante las condiciones económicas, de inseguridad y de acoso –señala el general brigadier en retiro Samuel Lara Villa. 
Agrega: “Hay muchos casos en los que las autoridades aplican el disimulo y la impunidad a las corporaciones represoras.  Asoma la guerrilla:  el caso del comandante Ramiro, que preventivamente fue ejecutado por cometer el error de anunciar, de manera imprudente, la reactivación de la lucha armada.  La guerrilla asciende cada día en el rango de las amenazas a la seguridad nacional”. 
El Programa para la seguridad nacional (2009-2012) revela que, entre 2010 y 2012, el gobierno federal intensificará su proyecto castrense de “recuperación” de territorios controlados no sólo por el narcotráfico, sino sobre todo por la guerrilla. 
El antecedente inmediato a estas prácticas gubernamentales ocurrió en las décadas de 1960 a 1980, cuando los gobiernos priistas emplearon la fuerza para acabar con la disidencia política. 
Ahora, las prioridades de la administración calderonista son:  “Recuperar el control pleno en territorios endémicamente afectados por las actividades delictivas” y “recuperar aquellos espacios que han sido cooptados de manera ilegítima por terceros, subvirtiendo el orden constitucional”. 
Caravanas de la muerte 
En esta nueva guerra sucia, la responsabilidad del gobierno federal mexicano no se reduce a los asesinatos políticos y las desapariciones forzadas.  También alcanza a la llamada limpieza social: ejecuciones selectivas en contra de delincuentes, presuntos delincuentes, adictos, estudiantes, disidentes y civiles. 
La más reciente, ocurrida el pasado 26 de junio en el Centro de Rehabilitación Fuerza para Vivir, AC, ubicado en Gómez Palacio, Durango.  Ese día, un comando armado, que arribó al lugar a bordo de varios vehículos, asesinó a nueve personas e hirió de gravedad a otras ocho. 
Entre las más dramáticas ejecuciones colectivas, está también la de Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, Chihuahua.  El 1 de febrero de este año, un comando armado irrumpió en una fiesta estudiantil y asesinó a 16 adolescentes. Además, lesionó a otros 12 muchachos. 
Respecto de esta matanza, Calderón afirmó que se trataba de jóvenes implicados en la delincuencia organizada.  Ante la imposibilidad de probar su dicho, finalmente se retractó. 
Según las autoridades federales, los comandos armados son parte de la base social del crimen organizado.  No obstante, podrían ser las reeditadas caravanas de la muerte que financia la propia administración calderonista. 
Como lo informó la columna Oficio de Papel (el 29 de diciembre de 2008), el gobierno ha creado grupos clandestinos de elite militar similares a la Brigada Blanca (utilizada durante la Guerra Sucia para exterminar a las guerrillas rural y urbana). 
Informantes de alto nivel del Ejército Mexicano –que solicitan el anonimato– afirman que los comandos militares operan en zonas territoriales específicas del país, aunque no como parte de los operativos conjuntos que se han acordado entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. 
Desde mediados de 2008, las caravanas de la muerte estaban bajo las órdenes del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fuera procesado por abuso, tortura y desaparición de por lo menos 143 personas supuestamente vinculadas a grupos subversivos de Guerrero, en la década de 1970 y principios de 1980. 
—El Ejército está actuando para detectar a luchadores sociales y cualquier foco de disidencia, a través de los grupos de información de zona.  El Ejército tiene infiltrada a toda la sociedad a través de esos grupos clandestinos, conocidos como Gizes.  Una vez que son detectadas las personas que son incómodas al Ejército o al gobierno, las ejecutan.  Aquí no pasa nada:  ejecutan, torturan, violan mujeres.  Hay 3 mil 175 quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no pasa nada –indica el general brigadier Francisco Gallardo. 
El también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México explica que “las Fuerzas Armadas se han dedicado a desarticular los movimientos sociales, a través de ejecuciones contra objetivos seleccionados, como el caso de Ramiro en Guerrero, y de luchadores sociales en Chihuahua”. 
Impunidad a criminales militares 
En este contexto, la administración de Calderón se ha esforzado por garantizar la impunidad de los militares que asesinan civiles o les violan sus derechos humanos.  De acuerdo con Human Rights Watch, “el sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos militares contra civiles”. 
La organización internacional señala, en su reporte Impunidad uniformada, que “las investigaciones militares sobre violaciones graves de derechos humanos, cometidas por militares contra civiles durante las últimas décadas, no han concluido con sanciones de los responsables y han reforzado una cultura de impunidad”. 
Cita como ejemplo que, en enero de 2009, funcionarios de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional dijeron a sus representantes que eran “muchas” las imposiciones de condenas penales contra personal militar por delitos cometidos contra civiles. “No obstante, sólo pudieron recordar un único caso de 1998”. 
Ante la sociedad, la administración federal ha reiterado por todas las vías posibles que las personas asesinadas son delincuentes y que la milicia está para proteger a la sociedad y combatir al crimen.  Sin embargo, a lo largo de esta serie periodística, Contralínea ha documentado que la “guerra” contra las drogas es una farsa que sólo sirve para asesinar miles de civiles en total impunidad. 
Uno de los casos en los cuales se incriminó de manera injustificada y sin ninguna prueba a las víctimas es el de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
Asesinados por militares en su área de estudio, el pasado 19 de marzo los jóvenes fueron presentados por la administración federal como sicarios.  No obstante, la institución educativa aclaró que se trataba de alumnos de posgrado, con beca de excelencia y excelente desempeño académico. 
Más aún, en el ámbito de las ejecuciones extrajudiciales, el Estado mexicano siempre tiene responsabilidad, incluso cuando los acribillados sí forman parte de la delincuencia organizada. 
Según su definición, la ejecución extrajudicial es la privación arbitraria de la vida de una o varias personas por parte de agentes estatales:  “Una forma de pena sin proceso o pena extralegal, aplicada al margen de un proceso legal y en contravención al principio de legalidad”. 
—No me consta, judicialmente hablando, que el Ejército esté asesinando luchadores sociales.  Sí me consta, de acuerdo con las denuncias que se han hecho, que el Ejército está siendo acusado de cometer masivos actos de abusos de derechos humanos en México;  eso sí.  Sin embargo, el hecho concreto de luchadores sociales, no.  El Ejército, en este momento, corre el peligro de estar siendo corrompido y capturado por los grupos criminales, de estar siendo sujeto de acusaciones masivas de abusos de derechos humanos y de que, como institución, pierda legitimidad y todo valor en el futuro –dice Edgardo Buscaglia, experto en temas de seguridad. 
El también académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México indica que “hay un problema de abuso masivo de derechos humanos que está siendo investigado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por las Naciones Unidas, que han recibido denuncias muy graves por este tipo de atropellos”. 
El general brigadier en retiro, Samuel Lara Villa, explica que “la ciudadanía pronto resintió los efectos de los retenes de control en las vías de comunicación, el patrullaje, los rondines y el empleo de las armas de fuego para responder a la capacidad de fuego y de maniobra de los malhechores.  El resultado tenía que ser la muerte de gente inocente, incluyendo niños y estudiantes”. 
“La responsabilidad –afirma el presidente de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC– es de quien los mandó a esa ‘guerra’ sin respaldo legal.  Tarde o temprano [Felipe Calderón] tendrá que responder ante el tribunal que la historia le depare.” 
Francisco Gallardo vaticina que, con esta “guerra”, Calderón va a acabar su mandato con cerca de 50 mil ejecuciones extrajudiciales.  “Va a haber una excesiva violación a los derechos humanos. Esto que está pasando en México con la militarización pasó en El Salvador, donde Estados Unidos impulsó una militarización para ‘romper’ el comunismo en Centroamérica. Allí hubo 75 mil ejecuciones extrajudiciales”. 
Por Nancy Flores (Periodista y coordinadora de edición de la revista mexicana Contralinea, Periodismo de Investigación. Es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Investiga: lavado de dinero, paraísos fiscales, delitos de cuello blanco, corrupción gubernamental, temas energéticos.
 
 
 
 
Utopía
 
Realismo de un plutócrata
 
Eduardo Ibarra Aguirre
 
Warren Buffett, el segundo estadunidense más rico de la aldea global –si nos atenemos al último reporte de Forbes, la revista que no registra a los políticos enriquecidos como Carlos Salinas, pero sí a capos del crimen organizado como Joaquín Guzmán–, demostró en The New York Times que el mundo está al revés.
            El presidente y ejecutivo en jefe de Berkshire Hathaway, dice en su artículo del 15 de agosto:
            “Mientras los pobres y la clase media combaten por nosotros en Afganistán, y mientras la mayoría de estadunidenses luchan por pagar sus cuentas, nosotros los megarricos continuamos obteniendo extraordinarias exenciones fiscales”.
            Entra en detalles en su desacostumbrado texto, pues el anterior lo publicó en el mismo diario a fines del gobierno de George W. Bush –quien generó la mayor desigualdad económica desde 1928–, al revelar que los plutócratas gracias al Congreso logran clasificar sus ingresos de tal manera que sólo pagan 15 por ciento de lo mucho ganan, mientras los contribuyentes comunes pagan hasta la tercera parte de sus ingresos.
Su ejemplo personal lo puso por delante. El año pasado Buffett pagó 6 millones 938 mil 744 millones de dólares, lo que significó 17.4 por ciento de sus ingresos sujetos a impuestos, mientras sus empleados erogaron 36 por ciento al fisco. Buffett  tiene una fortuna valuada –por la muy unilateral Forbes  en 45 mil millones de dólares.
El magnate ubicó la raíz de la disparidad fiscal en términos que desnudan al Congreso: “éstas y otras bendiciones (sic) nos son brindadas por legisladores en Washington que se sienten obligados a protegernos como si fuéramos… especies en peligro. Es bonito tener amigos en lugares altos”.
Sólo que los amigos se distinguen por tener ingresos altos. Los hombres más ricos del Congreso, de acuerdo con la digital Open Secrets, están encabezados por Darell Issa, de California, cuyo patrimonio neto se estima en más de 251 millones de dólares; Jane Harman, también de California (244.7 millones); Herb Kohl, de Wisconsin, con 214.5 millones; Mark Warner, de Virginia (209.7 millones), y John Kerry, senador por Massachusetts (208.8 millones). El 1 por ciento de los estadunidenses pertenece a los millonarios, pero en el Congreso, 45 por ciento de los legisladores cuenta varios "ceros" a la derecha en sus activos. El Legislativo federal cuenta con 18 por ciento de aprobación ciudadana.
Y si aquellos son los que fijan el techo de endeudamiento de la otrora economía más poderosa del orbe, pues resulta comprensible que lo hagan a costa de reducir el gasto público y sus rubros sociales, de incrementar las tasas impositivas a  las mayorías y proteger a la plutocracia.
De veterana filiación demócrata, Buffett no tiene duda en exigir a los legisladores republicanos que jugaron a las vencidas con sus contrapartes demócratas, poniendo en riesgo la estabilidad financiera global: “Es momento de que nuestro gobierno tome en serio eso del sacrificio compartido”.
Sacrificio que no conocen los dueños de Estados Unidos, muchísimo menos los de México quienes literalmente asaltan a Hacienda a la luz del día “y con la ley en la mano”, pero aún es tiempo de ponerlo en práctica si se busca enderezar el rumbo de la nave que marcha en dirección a una nueva y más pronunciada recesión.
La descalificación de que eso significa “guerra de clases”, como lo juró Bush, y ahora se reedita como “política socialista”, muestra el desfasamiento del conservadurismo ideológico con una realidad que, como respondió Buffett al entonces presidente: “Por supuesto que hay guerra de clases. Pero es mi clase, la clase rica, la que está librando la guerra, y vamos ganando”.   
Acuse de recibo
El licenciado Porfirio Barrera Jiménez apunta: “Comentando con un buen amigo, el licenciado Cirilo Padilla, tu nota periodística publicada en Argenpress (Hermanos sin palabra, 8-VIII-11), no puse de donde la obtuve. Por este error solicito mil disculpas”... En tanto que Raúl Domínguez funcionario judicial capitalino le escribió a Barrera Jiménez “(…) no cabe duda sobre la singularidad de su fuente informativa, como  solía decir el sabio Cantinflas 'no, pos’ que suave' ayuntar al PAN con el PRD, que bonita familia forman Chucho Ortega Martínez y Güicha Calderón Hinojosa, según ese articulista citado por usted, pero en qué periódico impreso o en qué revista impresa escribió su trascendido ese culto y docto articulista, porque no logro encontrar en puestos de periódicos y revistas, ni en los Sanborns algún medio impreso donde aparezca Eduardo Ibarra Aguirre, en cambio, pude comprar y leer la más reciente obra literaria del abogado Rafael Loret de Mola, donde revela que la aludida Cocoa realmente tiene un hijo (actualmente de 14 años de edad) con el panista Rodolfo Elizondo El negro duranguense (...)”. El activísimo cibernauta no leyó que escribí “presuntamente” y me disculpo por editar las frases de Domínguez para que resulten comprensibles... Finalmente,  Elvira García te felicita por el número 1000 de tu Utopía periodística”.
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Wallerstein: Se vienen años de incertidumbre y caos mundial

Sally Burch

ALAI AMLATINA, 15/08/2011.- El destacado académico de las ciencias sociales, Immanuel Wallerstein, es uno de los más connotados exponentes del pensamiento crítico contemporáneo y durante su reciente visita a Ecuador, ALAI conversó con él sobre la actual crisis de deuda que golpea duramente a Estados Unidos y sus consecuencias para los países emergentes y América Latina.

El investigador principal de la Universidad de Yale considera que el dólar ha entrado en un proceso grave e irreversible de pérdida de valor como moneda de reserva mundial, subrayando que era “el último poder serio que mantenía Estados Unidos”.

Wallerstein piensa que las diferentes medidas de emergencia que se están implementando en su país simplemente están retrasando la banca rota mundial. “Los daños son hechos concretos, la situación de los Estados Unidos es grave y no es recuperable”, recalca.

Estima que el desenlace ocurrirá dentro dos o tres años, con resultados caóticos para el sistema mundial porque “no habrá una moneda de reserva internacional” y tampoco existen condiciones para que otra moneda pueda ocupar ese rol. Entonces con el fin del dólar como reserva mundial “van a existir cinco, seis o siete monedas importantes, una situación caótica porque habrá fluctuaciones enormes continuas”.

“Ni los gobiernos ni las firmas transnacionales, ni los mega-bancos, ni los individuos sabrán qué hacer. Una incertidumbre enorme paralizará el mundo, especialmente a los inversionistas”, advierte el académico estadounidense.

Mientras esto ocurre en un nivel macro de la economía norteamericana, paralelamente también en un plano más local se vienen produciendo serios problemas económicos. “Comunidades urbanas pequeñas están entrando a la bancarrota y por ejemplo no pueden pagar las jubilaciones”, indica el científico social.

El investigador considera que en su país la clase media es la más afectada porque de un día a otro las familias pierden posición y los trabajadores que perdieron su empleo no pueden hallar otro puesto, especialmente las personas entre 40 y 60 años, llegando incluso a perder sus casas. Es una situación que actualmente no tiene solución y no se observa posibilidad de encontrar una válvula de escape.

Además, Wallerstein señala que “la situación en Estados Unidos va a empeorar porque se va a eliminar la posibilidad que el gobierno sostenga gastos necesarios en este momento, creándose una situación peor que la actual. La fantasía del Tea Party está llevando a Estados Unidos y por consecuencia a todo el mundo en dirección de un crash”.

Teniendo en cuenta estas consideraciones el pronóstico del teórico norteamericano, para los próximos años, es bastante pesimista. “Yo veo guerras civiles en múltiples países del norte, sobre todo en Estados Unidos donde la situación es mucho peor que en Europa occidental, aunque allá también hay posibilidades de guerra porque hay un límite hasta el cual la gente ordinaria acepta la degradación de sus posibilidades”.

China y países emergentes

Ante la crisis de Estados Unidos y Europa los países emergentes por el momento parecen vivir bien, sin embargo, desde el punto de vista de Wallerstein, esconden una falsa realidad porque todos estamos en una misma canasta.

Teniendo en cuenta que China es el principal tenedor de bonos norteamericanos, ese país afronta una disyuntiva muy delicada. Wallerstein considera que si por un lado “deja de comprar bonos de Estados Unidos va a perder la oportunidad de colocar productos chinos en ese mercado, un problema muy serio para la China. Al mismo tiempo, cuando el dólar pierda su posición relativa a las otras monedas sus bonos no van a valer mucho”.

Entonces, China se está arriesgando a perder enormemente tanto si se retira o si continúa en el mercado de bonos norteamericanos. Frente a esta situación considera que “lo más probable es que la China se vaya retirando poco a poco”. Justamente el problema está en determinar cuando es el momento perfecto para detener las inversiones, lo cual es imposible de señalar porque si lo supiéramos seríamos todos ricos, agrega el investigador.

Además de este serio problema que afronta China, explica que el país asiático atraviesa por una situación muy frágil desde el punto de vista de su economía interna, “porque los bancos chinos están en la misma situación que los bancos norteamericanos de hace dos o tres años”. Asimismo, la inflación limita posibilidades a China y a otros países emergentes como, por ejemplo, a Brasil.

En este contexto considera que los países emergentes, y en el caso de Suramérica la Unasur, deberán hallar los mecanismos de un “proteccionismo a corto plazo a fin de minimizar los daños que serán para todo el mundo. No habrá países que escaparán de los daños pero serán más grandes para algunos que para otros”.

Preguntado sobre la construcción de una nueva arquitectura financiera regional, con iniciativas como el Banco del Sur o de una moneda regional como el Sucre, el académico valoró positivamente esas posibilidades para los pueblos de América del Sur. “La creación eventual de una moneda verdadera común será un elemento de fuerza económica en esta situación”. En ese sentido citó como ejemplo que a pesar de las dificultades en Europa con el euro, la decisión de salvaguardar la moneda común “va a permitirles una posición política importante”.

Finalmente, como un mensaje para América Latina invitó a continuar con la reflexión sobre la necesidad de garantizar alimentos suficientes para su pueblo, agua para su pueblo, energía para su pueblo, como cuestiones mínimas y esenciales que deben hacer todos los gobiernos del Sur.
 

 
  Boletín de Indymedia Pueblos Originarios                       Año 8 | Edición 227 | Martes 16 de Agosto de 2011     

 T E R R I T O R I O
IMPORTANTE FALLO A FAVOR DE LA COMUNIDAD DIAGUITA QUILMES
SEGURO PERO TARDE. A fines de abril hubo heridos de balas de goma en un desalojo en el lugar. (Foto: Comunidad India Quilmes)
La resolución judicial determinó la imposibilidad de concretar desalojos indígenas en territorios pertenecientes a Colalao del Valle. Por Primera Fuente

29/4: Represión y desalojo en Colalao

SALTA. PRESENCIA POLICIAL EN LA COMUNIDAD LA CORZUELA
NECESIDAD. Los comuneros piden la visita de medios para documentar las denuncias o entrevistas telefónicas. (Foto: OPSur)
El cacique Benjamín Roca dijo que la comisaría local no les quiso tomar la denuncia. Sin embargo, en los últimos días recibieron reiteradas visitas de policías, que se acercan a la comunidad a pedir los datos de las autoridades, sin dar a conocer la finalidad. Por OPSur
Los dueños de la tierra y el subsuelo

BOLIVIA. RECHAZAN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RUTA EN SUS TIERRAS
INMINENTE DESTRUCCIÓN. Se talarían 550 mil árboles para construir la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos.
Más de 600 personas de todas las edades y pueblos originarios salieron del departamento de Beni a recorrer 640 kilómetros. Pedirán al Ejecutivo que la ruta pase por otro lado y no afecte territorios como Chimán, Yuracaré y Mojeño Trinitario. Por Sebastián Ochoa, P12
Crece la presión contra la carretera
“El proceso corre el riesgo de agotarse”

 F O R M A C I Ó N
POLÍTICAS CORRECTIVAS Y REBELDÍAS EN LAS REDUCCIONES DE BARADERO, TUBICHAMINÍ Y DEL BAGUAL
Mural del recuperado cementerio indígena de Baradero.
La oposición a las prácticas sociales y culturales del colonizador es abordada en este extenso artículo de la historiadora Florencia Carlón sobre los tiempos de la segunda fundación de Buenos Aires (1580). La comunicación entre "indios reducidos" y de "tierra adentro" para atacar, robar el ganado y huir.

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